Bancadas de la actual Asamblea avalan el juicio político en contra del expresidente de la República Guillermo Lasso

De los seis juicios políticos pendientes que dejó la anterior Asamblea Nacional, destituida por la muerte cruzada, los actuales legisladores que asumieron sus curules el 17 de noviembre último se inclinan por reactivar uno, el planteado en contra del expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.

El flamante presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle, convocó a una sesión a las 16:00 de este 29 de noviembre para decidir sobre el juicio político en contra de Lasso.

La aprobación de la moción de censura requiere de las dos terceras partes del pleno, es decir, el voto favorable de 92 de los 137 legisladores, y en la práctica implicará el retiro de los derechos de participación política de Lasso.

‘Sesgos’ en el trámite de los casos León de Troya, Encuentro, Sinohydro, Vacunas vip, Defensor del Pueblo y otros, en la lista de acusaciones contra Diana Salazar

Este juicio político quedó frenado el 17 de mayo pasado cuando el entonces presidente de la República activó la muerte cruzada, disolviendo a la Asamblea Nacional y adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, en las que Daniel Noboa fue escogido como primer mandatario hasta mayo de 2025.

Lasso fue acusado de presunto peculado por la renovación de contratos entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker en el sector petrolero.

La Asamblea Nacional cuenta con 93 legisladores que no participaron del proceso seguido por la Asamblea Nacional destituida, por lo que desconocen el expediente y las pruebas de cargo y de descargo presentadas.

Solo 44 de los 137 asambleístas fueron reelectos y participaron del juicio político iniciado en mayo de 2023.

Kronfle colocó en la agenda el juicio político en contra de Lasso, que es uno de los nueve previstos que están en el listado, incluidos los tres presentados durante el actual periodo legislativo que empezó el 17 de noviembre último.

“El del expresidente Guillermo Lasso se tiene que ventilar porque hay un proceso legislativo que se debe cumplir... Es la continuación de una sesión que quedó suspendida por efectos de la disolución del Congreso y la muerte cruzada... Después de cerrar el debate se determinará cuál será la moción y hay cinco días en los que todos los asambleístas tienen el tiempo para pensar cuál será su votación y proceder con la votación”, afirmó Kronfle en el espacio Entre dos de EL UNIVERSO.

“Uno de los proponentes del juicio político fue el Partido Social Cristiano (PSC) junto con Revolución Ciudadana (RC). Para nosotros está clara la responsabilidad política, siempre lo dijimos... Como sanción puede tener la inhabilitación y habría que ver qué otros argumentos existen dentro del marco de las investigaciones para derivarlos a las otras funciones del Estado”, asegura Kronfle.

El asambleísta Jorge Chamba, miembro de la bancada del movimiento Construye -la segunda más numerosa del Legislativo después de RC-, reconoce que Lasso inició bien su mandato (a partir de mayo de 2021), refiriéndose al proceso de inmunización en contra del COVID-19, pero que después perdió el camino.

“De allí para allá se olvidó de gobernar, abandonó las causas sociales. Hubo un Seguro Social mal atendido sin medicinas, la gente de los sectores populares que alguna vez tuvieron la esperanza de un préstamo de 3.000 dólares sin garantía, todo fue una farsa. Deja un déficit fiscal de más de 3.500 millones de dólares, nos deja un país en tinieblas con los apagones. Hay un millón de causales que ameritan que lo llamemos al pleno”, afirma.

Chamba dice que él y la bancada de la que es parte tienen previsto censurar a Lasso: “No se puede gobernar un país solo por vanidad para un grupo de amigos, se olvidó de la gente en el campo social”.

Su coidearia Nataly Morillo (Construye) indica que el gobierno de Lasso descuidó las demandas ciudadanas. “Ante esta evidencia, existe la percepción generalizada de que nunca más queremos una administración como esa. Por ahora los problemas que enfrentamos requieren soluciones, censurar a un expresidente no es la prioridad, sin embargo, la irresponsabilidad democrática debe ser fiscalizada”.

Aunque aclara que, en lo jurídico, el enjuiciamiento a un presidente de la República solo puede darse cuando está en funciones. “El artículo 131 de la CRE (Constitución) especifica qué funcionarios pueden ser sujetos de juicio político hasta un año después de terminado su periodo, y en ella no consta el presidente de la República ni el vicepresidente. Los órganos del poder público solo pueden hacer lo que la ley expresa establece”, afirma Morillo.

La asambleísta y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana (el mayor bloque del Legislativo), afirma que en el debate del 23 de noviembre solo participarían los legisladores reelectos, entre ellos, la actual vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien también es del correísmo y fue parte de los interpelantes del juicio contra Lasso de mayo pasado.

“Desde nuestra bancada tenemos el criterio de que tiene que ser censurado. La Comisión de Fiscalización ya no está en tratamiento de ese tema, sin embargo, en el pleno todavía está la interpelante Viviana Veloz que retomará los argumentos y también se continuará el debate en el que van a intervenir algunos asambleístas”, afirma Aguirre.

El expresidente de la República y actual asambleísta por Sociedad Patriótica Lucio Gutiérrez indica que Lasso dio los argumentos en exceso para ser llamado a rendir cuentas. “Fundamentalmente porque traicionó al pueblo ecuatoriano. Se comprometió a descorreizar el gobierno y cada vez había más correístas en su régimen. Se comprometió a recuperar la plata robada y permitió que salgan de la cárcel sin devolver un solo dólar, esas razones son más que suficientes”. (I)