El presidente de la Asamblea, César Litardo, informó que el Ejecutivo y el Legislativo han llegado a acuerdos preliminares sobre al menos dos cambios en la Ley de Defensa de la Dolarización. El anuncio lo hizo este 8 de marzo, al terminar un evento sobre el lanzamiento de la Economía Violeta.

Los cambios fueron anunciados previamente a que se diera la primera reunión de la mesa técnica, que se llevó a cabo ayer en la Plataforma Financiera, donde se ubica el Ministerio de Economía y Finanzas. Se entiende que a más de estos consensos previos, habrá otras discusiones abordadas por la mesa técnica.

En todo caso, de acuerdo con César Litardo, los cambios ya acordados tienen que ver con la elección de los miembros del Directorio del Banco Central. Según el proyecto de Ley, estos debían ser propuestos por el Ejecutivo y escogidos por la Asamblea. Ahora, el cambio que se ha consensuado sería que la Asamblea no los nombre, pues, según Litardo, esto sería inconstitucional.

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Un segundo cambio se daría en el tema de que no se establezca que el Estado garantice los pasivos de las entidades financieras privadas y que se defina un texto que esté más adaptado a la realidad actual.

Al parecer, Litardo se refiere al artículo 28 del proyecto de Ley, que establece los cuatro sistemas para el manejo de activo y pasivo del BCE. Lo que dice el proyecto de ley es que el primer sistema debe garantizar las especies monetarias acuñadas, los títulos del BCE, obligaciones directas con el público y depósitos de entidades financieras. Estos deben estar cubiertos al 100 %. El criterio de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) es que esto iría en desmedro del segundo, tercer y cuarto sistema. Y que esto generaría un impacto negativo de la economía. El temor de la UTL es que si no hubiese el 100 %, entonces el Gobierno debería endeudarse para garantizar dichos pasivos.

Por su parte, el Gobierno y la banca sostienen que esos dineros han sido depositados por los bancos en el Banco Central para su custodia y seguridad y deben estar 100 % garantizados. Lamentablemente ahora mismo se registra un descalce o hueco que no permite garantizar estos dineros.

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Entre tanto, a la primera reunión, realizada ayer, en la Plataforma Financiera, asistieron por parte de la Asamblea la asambleísta Ana Belén Marín (AP), asesores de asambleístas del CAL y miembros de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

Entre los representantes del Ejecutivo estuvieron las superintendentas Margarita Marín (Economía Popular y Solidaria) y Ruth Arregui (Bancos); Marcos López, como representante del presidente de la República en la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera; María de los Ángeles Rodríguez, viceministra de Economía del Ministerio. Desde el Banco Central, Jeannette Maldonado, subgerente, y una asesora de la gerente, Verónica Artola.

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Los miembros de la mesa técnica tienen ocho días para discutir problemas de constitucionalidad de la ley. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, ha indicado que se podrían hacer ajustes en varios temas, pero ha insistido en que lo importante es guardar el espíritu de la ley. Esto es darle autonomía al BCE, transparentar las cifras, que regresen los cuatro sistemas al BCE, entre otros.

Uno de los mayores factores de desacuerdo es que en la Ley se plantea la facultad exclusiva del BCE para emitir política monetaria. Sin embargo, en la Constitución, el artículo 303 indica: “La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central”. En este sentido, se ha indicado que no se podría dar esta facultad exclusiva, pues esta facultad la tiene la Función Ejecutiva.

Entre tanto, el Ejecutivo ha considerado que el CAL no tenía la facultad para negar el tratamiento de la Ley, y asegura que la autonomía del BCE es primordial para que haya un tratamiento técnico y no político de la política monetaria. Buscan que no se repitan problemas ocurridos como en el pasado cuando el BCE entregó liquidez al gobierno anterior, generando un hueco importante entre activos y pasivos del BCE. (I)