Convertir a los territorios en motor de la economía es la propuesta central del plan de gobierno de Paúl Carrasco

La Democracia para la Convivencia es el concepto general del Plan de Gobierno que Paúl Carrasco, candidato presidencial de Juntos Podemos, lista 33, presentó en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Está concebida como condición y consecuencia, a la vez, para la construcción de una sociedad justa y respetuosa de los derechos de las personas y de la naturaleza, en la que la verdad y la justicia marquen el ordenamiento social, político, jurídico y garantice la participación de todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Una sociedad en la que la diversidad no nos divida sino nos enriquezca. Planteada desde la diversidad, la Democracia para la Convivencia necesariamente debe permear todos los ámbitos y áreas del quehacer humano: la vida personal, la vida familiar, la vida en comunidad; así como la práctica política, la participación social, la economía y los constructos culturales. Es transversal en la vida de las personas y de las instituciones”, dice el documento de 46 páginas.

A continuación los principales temas:

1. Empoderar al ciudadano:

• Fomentar la participación ciudadana como base de la democracia. Pasar de la democracia representativa a la participativa. Esto implica cambiar la institucionalidad del Estado, reforzar el tejido social y aplicar los mecanismos de participación en todos los aspectos de la vida en sociedad para que las políticas públicas tengan verdadera legitimidad.
• Garantizar, por parte del Estado, los derechos ciudadanos a través de políticas públicas concordantes con los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.
• Definir los planes de desarrollo territorial desde el enfoque de derechos; ello implica reconocer los derechos de la diversidad con enfoques de género, medio ambiental, generacional, étnico, etc.
• Darle prioridad a la familia, como célula principal del tejido social, y generar políticas dirigidas al fortalecimiento de los lazos parentales, precautelando los derechos de sus miembros, aceptando sus diferencias y respetando sus libertades.
• Las políticas públicas deben ser producto de escuchar a la gente y darle capacidad de decisión, para que tomen en sus manos los destinos de sus comunidades.

2. Descentralización:

• Cambiar el modelo administrativo del Estado y romper con el centralismo, construyendo política pública desde abajo. Se tienen que eliminar los entes burocráticos “delegados” desde el Ejecutivo, que duplican roles y funciones o imponen “controles” que impiden una gestión dinámica de los gobiernos locales y la implementación de modelos propios.

3. Modelo económico:

Darle fuerza a los territorios y convertirlos en el nuevo motor de la economía. En los territorios debe generarse la producción, acorde con su vocación, potencialidades y en base a alianzas público-privadas, que otorguen beneficios a la comunidad como a los inversionistas, garantizando rentabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos, mismos que deberán ejecutarse con irrestricto respeto a la naturaleza.

La activación económica desde los territorios incrementará la recaudación de tributos para el fisco, los mismos que deberán ser revertidos a favor de quienes los generaron y, a la vez, atender a las comunidades.

Esta nueva propuesta de ordenamiento económico tiene dos objetivos: alcanzar, en los primeros dos años, que las empresas y personas naturales tributen en el lugar en el que realizan su actividad económica y que esos tributos sean administrados desde los territorios; y lograr que cada provincia alcance un crecimiento económico del 5 % anual, durante los primeros cuatro años de aplicación del nuevo régimen tributario.

En este eje se plantean varias acciones:

• Levantar los ingresos desde el exterior hacia el Ecuador ya que vivimos en una economía dolarizada que requiere traer capitales de otros países, que no necesariamente deben representar inversión extranjera para desarrollar programas o proyectos de privados o transnacionales. Esto implica diseñar y aplicar políticas públicas dirigidas a levantar la reserva internacional de libre disponibilidad como garantía de estabilidad y lograr que un porcentaje del ingreso de capitales, a cambio de su seguridad, debe estar dirigido a invertirse en negocios productivos con índices de inclusión social y en el marco del Plan de Ordenamiento de la Producción Nacional, para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) territorial.
• Evitar la salida de capitales del país y sobre todo que el rendimiento del mismo, de manera disciplinada, sea invertido en desarrollo productivo del territorio nacional. Los grupos económicos nacionales no podrán sacar sus capitales del territorio nacional y deberán promover su rendimiento anual en inversión para la producción y negocios nacionales de pequeña, mediana y gran envergadura. Para lo cual es necesario diseñar políticas de incentivo que garanticen que ese capital y su rendimiento se mantendrán en el tiempo, bajo la protección y con garantía del Estado ecuatoriano. De igual manera es imperante establecer un política de control fiscal que evite y sancione duramente la evasión de impuestos en el Ecuador.
• Crecimiento del PIB nacional, desde el crecimiento del PIB territorial, de forma individual por cantón y provincia, a partir de 24 planes provinciales y 221 planes cantonales de ordenamiento productivo de cada territorio, con políticas económicas, financieras, impositivas y de fomento productivo por sector territorial y producto.
• Incentivar el desarrollo de los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante con visión de inclusión social, lo cual debe ser recompensado tanto para los grandes, medianos y pequeños empresarios que demuestren que su modelo de gestión y su plan de negocios, incluye sectores populares y sociales de los quintiles más pobres del país, con objetivos claros como el de crear más empleadores y formalizar la economía.
• Creación de un fondo nacional solidario de recaudación, constituido por la diferencia entre las provincias con superávit y las provincias que presenten déficit; esta diferencia, al ser positiva, permitirá cubrir las necesidades iniciales de las provincias deficitarias, durante los dos primeros años, se cubrirá la totalidad de las necesidades, independientemente del crecimiento que alcancen estas provincias.
• Creación de un fondo nacional previsional de reserva: si el crecimiento, en términos tributarios, es mayor al del objetivo, el 75 % del excedente quedará en la provincia y el 25 % servirá para la creación de un fondo paralelo al fondo solidario, que se constituirá en un fondo provisional de reserva, para épocas de crisis, en las que el crecimiento general sea deficitario. Este fondo permitirá hacer frente a condiciones externas desfavorables inherentes al ciclo económico o derivadas de complicaciones en la economía mundial u otros fenómenos que tengan una incidencia negativa sobre la economía (baja de precios de productos de exportación, desastres naturales, conflictos bélicos, etc.).
• La comunicación de datos y telefónica (las privadas y la pública) debe a pasar a ser del Estado ecuatoriano en un modelo de economía mixta, bajo la administración de socios estratégicos con el objetivo de que las utilidades puedan pasar a ser parte de la reserva estatal y que además sean monetarizados como títulos a valor futuro para que anualmente se integren a la reserva o nos sirvan como garantía de créditos internacionales. De igual forma las empresas eléctricas del país generan utilidades permanentes, en la misma forma sin pasar a ser de economía mixta se debe desarrollar políticas y normas con las cuales las utilidades no vayan a una sola empresa y a una cuenta única de la cual se alimenta gastos sin justificación o contratos para la corrupción, el ingreso de utilidades netas (de las eléctricas) deben ser parte de la reserva y también poder ser monetarizados como títulos a valor futuro para garantía de créditos.
• Entrar en una moratoria del pago de la deuda externa con la finalidad de regular los gastos, para poder crecer la reserva y sobre todo poder implementar una política de crecimiento del PIB por territorios. (I)