Ganancia por venta de casas es distinta en todos los casos

En Asamblea se debate nuevo tributo a la Plusvalía

Para el régimen, el llamado impuesto a la plusvalía que se analiza en la Asamblea Nacional dice que busca limitar el incremento del costo de las propiedades. Los detractores del proyecto de ley afirman que el cálculo planteado no toma en cuenta el valor real que pagan las familias. Aquí ejemplos y posturas de los dos polos.

Hay formas de capturar plusvalía

Normas como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso de Suelo (Lootus), vigente desde mayo pasado, incluyen mecanismos para que el Estado recupere la apreciación que genera la obra pública, como las denominadas ‘captura de plusvalía’ y ‘anuncio de proyecto’. Este último “permite evitar que con motivo de información sobre la construcción de una obra pública se incremente el valor del suelo”, según el informe para primer debate aprobado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial que analiza la llamada Ley de Plusvalía.

Incluso se aprobó en primer debate del pleno un proyecto de ley para que el SRI pueda cobrar “contribuciones especiales de mejoras” por obras del Estado central, algo que al momento solo es de competencia para los gobiernos seccionales.

Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, reconoce que hay instrumentos vigentes para la captura de plusvalía, pero ve falencias en el tema de las transferencias de dominio. Ahí, según este legislador, radica la pertinencia de aprobar la llamada Ley de Plusvalías: “No se ataca la especulación porque solo le cobra el 10% y usted puede vender a lo que quiera”.

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Sin embargo, parte del problema con el método planteado para calcular el nuevo impuesto radica en la forma como los ciudadanos sustentarán las mejoras a lo largo del tiempo, un rubro que se toma en cuenta, al igual que el pago de las contribuciones por mejoras.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pita, explica en una carta enviada esta semana a Calderón que estas mejoras en la mayoría de los casos “no tienen respaldos documentados por cuanto son realizadas por artesanos o los mismos propietarios... En realidad es sobre esta inversión que el Estado pretende retener el 75%”, dice la misiva.

Para Calderón, los mecanismos para incluir estos rubros se establecerán en las ordenanzas correspondientes: “De aquí en adelante si se va a hacer una segunda planta, hay que pedir los permisos al Municipio y queda ya registrada esa mejora... para que la gente pueda deducir”, asegura. (I)