Estudió la demanda que en septiembre del 2009, Camilo Samán, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), presentó contra Emilio Palacio, exeditor de Opinión de EL UNIVERSO, por el delito de injurias calumniosas y por el cual fue sentenciado a 3 años de prisión y una multa de $ 10 mil. En ese entonces, Ernesto Rey Cantor, exjuez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, calificó a este caso como una monstruosidad de tipo jurídico. Y anticipó que más allá del caso Palacio, el objetivo del Gobierno era EL UNIVERSO.

Hoy asegura que la demanda que el presidente Rafael Correa presentó a título personal contra los directivos de este Diario, Carlos, César y Nicolás Pérez, y también contra Palacio, lo demuestra. Anticipa que en este caso se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que en instancias internacionales podría generar reparaciones para los querellados y castigos para el Estado ecuatoriano.

Las críticas a la sentencia contra este Diario han venido de todos lados por violar los derechos de la libertad de expresión. ¿Qué hacer para que el presidente las acoja?
Son ataques políticos que vienen del Gobierno, so pretexto de que en cumplimiento de su normativa interna tiene que contrarrestar las publicaciones de la prensa. Pero observemos el otro lado de la moneda, del lado que Ecuador es parte de tratados internacionales de derechos humanos y a pesar de eso viola la libertad de expresión, además del debido proceso, toda vez que jueces y tribunales ecuatorianos no son independientes ni imparciales y son susceptibles de injerencia del Ejecutivo. Una muestra es esta sentencia condenatoria contra la familia Pérez con una gran sanción económica tendiente a desarticular el periódico.

¿Injerencia que se convierte en estrategia del Ejecutivo? Desde hace dos semanas vivimos un proceso de reestructuración de todos los órganos de justicia.

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La estrategia va dirigida a que esos jueces y los tribunales sean dependientes de la voluntad política del presidente y no es difícil visualizar (que en la segunda instancia del proceso) tendrá el propósito de confirmar esa sentencia condenatoria. Indudablemente hay intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para manipular un proceso penal con este tipo de sentencia y la que se va a producir será indebida.

Si este proceso llega a la Corte Interamericana, ¿qué futuro tiene?
Hay jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Herrera Ulloa, de Costa Rica, también conocido como el caso del periódico La Nación se ha resuelto favorablemente para las víctimas; esta jurisdicción internacional podría eventualmente amparar los derechos humanos no solo de Palacio sino de la familia Pérez por violaciones a los derechos humanos. Hay la posibilidad de llevar a la Comisión Interamericana una solicitud de medidas cautelares para la protección inmediata de sus derechos... Una vez que se agote la jurisdicción interna... En los seis meses siguientes se podrá llevar la petición a la Comisión Interamericana que seguramente será resuelta en contra del Estado ecuatoriano.

El presidente había exigido una rectificación del artículo de Emilio Palacio para retirar la demanda. En la audiencia del 20 de julio pasado los Pérez accedieron pidiendo al presidente que envíe el texto de lo que quería que se rectifique. Pero él no aceptó, ¿qué opina de eso?
El problema político de fondo del gobierno de Correa es y ha sido El UNIVERSO no Emilio Palacio. Es la familia Pérez que está en la mira del presidente. Correa, es el autor intelectual de una política de Estado contra los medios. Por ello, en mi concepto, Ecuador se enmarca hacia el futuro como un Estado fallido porque existe una política de Estado para amordazar a la prensa y no garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, controlar la opinión desde el Ejecutivo.

La Corte Interamericana ha establecido que las normas de injuria vaga y ambigua no pueden ser utilizadas para imponer responsabilidad a quien se ha referido a funcionarios públicos. Pero el presidente dice que se afectó su honra y el juez Juan Paredes tomó su argumento.

En esto consiste la violación de los derechos humanos, no solo de la libertad de expresión sino también del debido proceso porque no hay jueces ni magistrados independientes e imparciales, tal como lo pude observar en el caso contra Palacio. Ahora en el caso de la familia Pérez acusados de injuria es un reflejo de ese Poder Judicial debilitado desde el Ejecutivo con distintas finalidades, entre otras, que permanezcan esas normas internas dictadas en el gobierno de Correa, violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

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Actualmente la Asamblea elabora la Ley de Comunicación con tropiezos y condicionada a las negociaciones políticas. Y tal y como está planteada contradice la Convención de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana podría realizar el llamado “control de convencionalidad de las leyes por violaciones a los derechos humanos” que consiste en confrontar las leyes ecuatorianas con la Convención Americana que, en mi concepto, son incompatibles. Por lo tanto, la Corte en sentencia podrá declarar las violaciones a la libertad de expresión, al debido proceso y a la protección judicial y como medidas de reparación, ordenar al Estado ecuatoriano derogar esta ley. Además, podrá ordenar al Estado pagar reparaciones por los daños causados. Eventualmente se podrían elevar algunos casos al sistema de las Naciones Unidas.

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Reparaciones que en el caso de EL UNIVERSO no lo pagará el presidente Correa, sino el Estado ecuatoriano.

Si el Gobierno ecuatoriano persiste en más violaciones a la libertad de expresión serán cuantiosas las reparaciones patrimoniales que tendrá que pagar a todas las víctimas. Actualmente hay un escenario de una multiplicidad de violaciones a derechos en el Ecuador, como el derecho a la vida, a la libertad y al debido proceso, lo cual representa en el escenario internacional una responsabilidad agravada del Estado ecuatoriano.