Con motivo de esta nueva desgracia ocurrida en México en días recientes, deseo manifestar lo vivido por los familiares de nuestro compatriota sobreviviente de esta pesadilla. Yo he pasado con ellos en Cañar.
Empiezo por acusar a los asambleístas del oficialismo y de oposición por no haber aprobado la Ley de Extinción de Dominio, sino que prefirieron desecharla y con eso sentenciaron a muerte a muchos compatriotas. Por desesperación, por falta de trabajo y oportunidades, la gente lo arriesga todo. Bajo este estado emocional desequilibrado de dejar todo y jugarse la vida, aparecen los coyotes, chulqueros, enganchadores, “amigos” que alimentan con palabras de una esperanza incierta, de que el migrar, aunque riesgoso, es mejor que vivir tanto sufrimiento.
El tráfico de personas es una megaindustria criminal que llega a estimarse en $ 32 mil millones a nivel global cada año; es considerada la segunda fuente ilegal de ingresos detrás del tráfico de drogas. Entrar a este negocio fabuloso es solo cuestión de tiempo para los que solo buscan enriquecerse a costa de los demás de la forma mas rápida, sin dar cuenta a nadie ni rendir informes de sus actividades a ningún ente regulador; mucho menos pagar impuestos.
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Así es: ser coyote es un buen negocio; ser chulquero, mejor; pero ser asambleísta, no tiene precio.
Se dice que los coyotes ganan $ 7 mil por migrante. El viaje promedio cuesta $ 14 mil, el 50% se considera “costos de producción”. Cada coyote se las ingenia para sacar del país grupos de 25 personas por viaje, como mínimo. Han existido bandas que llevan por cientos. Todo esto es posible gracias a una elaborada red de apoyo donde están los enganchadores, que andan de pueblo en pueblo buscando a esos perseguidores de sueños en tierras lejanas; los chulqueros, que están listos a prestar todo el dinero que se necesite, a cambio de grandes intereses y jugosos contratos de compraventa de sus propiedades; ellos llaman hipotecas seguras a ciertos funcionarios corruptos del Registro Civil, que ayudan a tramitar cédulas de ciudadanía a cualquiera que pague bien; y ciertos corruptos en la Cancillería que aunque notan que son documentos falsos, entregan los pasaportes a los transportistas que llevan buses enteros hasta los aeropuertos y fronteras de nuestro país. Así podría continuar esta lista de funcionarios que participan en el gran negocio del sueño alcanzable en otro país. Los coyotes tienen la plata para financiar esto y mucho más, y por tal razón adquieren enorme poder, influencia, respeto, e imponen temor en sus víctimas porque con el dinero que tienen se pueden defender.
Los asambleístas, con honrosas excepciones de siempre, son encubridores de estas ratas de la sociedad. Ante la Asamblea Nacional se presentó una propuesta dura, pero efectiva; pero no la consideraron y el proyecto de Ley de Extinción de Dominio quedó para la historia. Dicha ley iba a permitir que los ciudadanos denuncien a todo el que ha hecho fortuna de la noche a la mañana en forma ilegal (coyotes, chulqueros, narcotraficantes, lavadores de dinero, testaferros, políticos y funcionarios corruptos...), y esos bienes pasarían al erario nacional. Entonces sí se les quitaría a los coyotes el gran lucro por medios legales; tragedias como la de México no serían frecuentes en nuestro país.
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Williams Murillo Vera,
Cuenca














