Organismos encargados de los Derechos Humanos en el país vigilarán que el Estado ecuatoriano ponga en práctica las recomendaciones realizadas por el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston.

La Defensoría del Pueblo realizará un seguimiento a las recomendaciones y para ello tiene planeado efectuar una reunión con los representantes de las organizaciones involucradas en cumplir con el informe que señala que el sicariato prolifera en el país, la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes y el sistema de justicia penal es disfuncional.

Patricio Benalcázar, director Nacional de protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, indicó que “vamos a vigilar que tanto la Policía como la Fiscalía cumplan con la estrategia nacional para la lucha contra el sicariato”, sostuvo Benalcázar.

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Mientras que para Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Derechos Humanos, el Gobierno es el encargado de poner en práctica las recomendaciones del relator de la ONU y los organismos de DD.HH. solo son veedores de su implementación.

Agregó que se presentará un informe ante el relator Philip Alston, sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones, el cual se efectuará en un año o menos de acuerdo con las circunstancias.

“Nosotros informaremos cuáles de las ochos recomendaciones se han implementado y cuáles no. Además del resultado obtenido durante su ejecución”, sostuvo Saavedra.

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Para Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, estas recomendaciones deben ser puestas en práctica de forma urgente.

Explicó que es el momento de realizar acciones concretas que permitan efectuar los controles por parte de la Policía en temas como el sicariato, donde el informe señala que no se volverá a utilizar la categoría de “ajuste de cuentas” para clasificar ningún caso, y la Policía deberá tener la obligación de investigar a fondo todo caso de muerte a manos de sicarios.

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Más datos: Comisión
Evaluación
Entre las recomendaciones está la creación de una comisión de expertos de alto nivel, para que se evalúe el desempeño de los servicios de la Policía y para que se propongan reformas de índole estructural y operacional.