Si bien este documento es considerado como un primer paso para involucrar a la sociedad en los temas de la defensa, existen aspectos que no fueron tomados en cuenta y que han sido los más cuestionados durante las discusiones efectuadas.

Esos temas tienen que ver con la reserva en las adquisiciones y gastos militares, ascensos en el Ejército, mecanismos concretos de rendición de cuentas y el sistema de justicia militar.

Tampoco se especifican las áreas concretas en que la sociedad tendrá participación directa.

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Bertha García, de la Universidad Católica, resaltó que el Libro Blanco es un punto de partida que permitirá a la sociedad contar con mayor conocimiento de los temas de seguridad y defensa, a fin de lograr su inserción en este proceso.

“Unos son los enunciados y otras las implementaciones reales, hay que analizar la coherencia entre lo que se postula y lo que se hace”, expresó García.

En ese sentido opinó que sería importante que ahora que se cuenta con el Libro Blanco, se discutan con detenimiento los campos específicos de participación de cada sector.

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Napoleón Saltos, quien participó en representación de los sectores sociales, dejó en claro que en el Libro Blanco “no se recogieron las propuestas más fuertes que se presentaron desde la sociedad”.

Explicó que esos planteamientos tienen que ver con reformas a las leyes militares que permitan transparentar su actividad.

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Calificó al contenido del Libro Blanco como “una orientación más técnica”.

Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, aseguró que es fundamental que se asuma un compromiso de transparencia, lo que a su criterio no ha ocurrido en varios casos. Resaltó como ejemplo la explosión de la Brigada Galápagos ocurrida en Riobamba, el pasado 20 de noviembre, en donde, aseveró, no existió información suficiente sobre sus causas.