Debo confesar a los amigos lectores que durante la última contienda electoral para elegir presidente del Ecuador, mi candidato no ganó.
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La empresa Schlumberger, que opera en el Ecuador, considera importante para el país fortalecer las actuales herramientas legales anticorrupción, así como incorporar una normativa similar a la vigente en EE.UU. que permita a las empresas “afrontar la corrupción, el fraude o cualquier otra conducta no ética”, explicó ayer Nelson Baldeón, director de Comunicación de la petrolera.
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El mandatario electo afirmó que en lo referente al manejo de las empresas estatales efectuará una “cirugía mayor”
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La deuda con Schlumberger ya comenzó a pagarse, informó el presidente Rafael Correa. Él dijo que ayer se le entregó a esa empresa $ 150 millones en TBC (Títulos del Banco Central) “para que cubra algunas obligaciones tributarias”.
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La Secretaría General del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) notificó la suspensión de la ejecución del laudo arbitral que condenaba al Ecuador a pagar $ 379 millones a la empresa petrolera Burlington.
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Alfonso Zambrano, abogado de Carlos P. C., afirmó que existe una “persecución política” en contra de su cliente, a quien se investiga por presuntos actos de corrupción en Petroecuador, y estaría prófugo del país.
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Más de quince minutos demoró el fiscal de Pichincha, Hugo Pérez, para formular cargos contra Michael M., exfuncionario de Petroecuador, quien está siendo investigado por una presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
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Todos los esfuerzos retóricos del Gobierno para convencernos de que la economía ecuatoriana entró en un proceso de recuperación en el segundo semestre del año son desmentidos por la realidad y las propias acciones oficiales, contradictorias y amenazantes.
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