A medida que el país va recibiendo más y más información del exterior sobre la red de corrupción orquestada por el anterior régimen –ya nadie duda de que fue, en efecto, el régimen más corrupto de la historia del país–, y a medida que avanzan los pocos procesos penales, y a pesar de sus evidentes errores, ambigüedades, y lentitud, va quedando en claro que el saqueo de los fondos públicos que sufrió la república tuvo como pilares fundamentales la política de amordazamiento al periodismo y el control del sistema judicial.
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De las 182 recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le hizo al Ecuador en el 2012, el país aceptó solo el 90%.
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La Fiscalía determinó que “no existe indicio, prueba o elemento de convicción alguno que conduzca a establecer responsabilidades penales” en contra de Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
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