El pasado domingo, unos 30 indígenas, procedentes de la comunidad Maca Grande, de la provincia de Cotopaxi, llegaron al cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos, y capturaron a una mujer con su padre. Vecinos y policías realizaron una persecución y se detuvo a los involucrados; a catorce de ellos se les dictó prisión por el presunto delito de secuestro. En sus declaraciones, los acusados dijeron que pretendían aplicarles la justicia indígena a los cautivos por una presunta deuda relacionada con el alquiler de unos locales, propiedad de una integrante de Maca Grande.

La Constitución reconoce la aplicación de la justicia indígena por autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades, dentro de su ámbito territorial, en conflictos internos que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos.

Es inadmisible este tipo de transgresiones al ordenamiento jurídico; el Estado está obligado a actuar con oportunidad para salvaguardarlo, aplicando las sanciones pertinentes. Caso contrario, se corre el riesgo de que en la percepción ciudadana se desdibuje lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. (O)