Es una pena que la joven ATM extraiga recursos contributivos a como dé lugar.

A pesar de ser el laborioso alcalde y su procurador abogados, han gestionado una ordenanza draconiana contra invasores del carril Metrovía ilegal e inconstitucional, infracción ya contemplada en el COIP (un décimo del salario vital). Si pretenden cobrar 375 dólares deben lograr que se reforme antes el COIP o la Constitución Política para incluir las ordenanzas en jerarquía superior a las leyes orgánicas. Violan garantías constitucionales de arts. 425 y 76.

Vigilantes se quejan de exigencia de diez multas diarias como sea. Cámaras de control descalibradas o manejadas sospechosamente. En la avenida Orellana han logrado multas de cerca de medio millón de dólares en una noche con una sola cámara. Toman fotos de automotores a discreción y sancionan a conductores por “excesos de velocidad” inexistentes. Notificaciones a correos electrónicos llegan a “bandeja no deseados”, así el atribulado conductor de clase media no impugna dicha multa, por desconocimiento.

Aberrante esta estrategia para cubrir presupuesto. (O)

Glenda Verónica Talentti Rugel, abogada, Guayaquil