El abuso sexual de niños alrededor del mundo es tan severo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye dos nuevas metas que lo reconocen por primera vez como un problema de salud pública. Según varios estudios, entre 60 y 80% de los niños que han sido abusados sexualmente no lo revelan sino hasta la mayoría de edad, lo cual prolonga su victimización e impide que reciban la debida intervención terapéutica.

Un reciente artículo del Journal of Public Health Policy señala que, por un lado, los perpetradores creen que tienen el derecho de abusar sexualmente de los niños y, por otro, la cultura en conjunto con las leyes, políticas y normas enfatizan la agresión y debilitan a quienes tienen la voluntad de actuar en favor de los niños. En instituciones religiosas y educativas es más factible que se cometan y encubran los abusos sexuales cuando la jerarquía de poder es rígida, se impone una cultura del silencio, y se carece de procesos adecuados de selección de personal y de reporte y seguimiento de incidentes.

El martes 23 de mayo continúa en Ecuador la agonía del Principito, uno de los tantos niños abusados sexualmente en un ámbito institucional que necesita que se le haga justicia. Poco se habla de esto en el país y poco se denuncia e investiga. No es para menos, pues seguimos demostrando escasa voluntad y capacidad para proteger a nuestros niños.

De parte del Estado ecuatoriano, por ejemplo, uno esperaría que aparte de la ruta y el plan que ya existen se produzca un detallado protocolo de actuación en casos de agresión, abuso y violación sexual en instituciones educativas y otros ámbitos, como tienen en Francia. Esto ayudaría a proteger y apoyar de manera prioritaria al niño, al tiempo que mantener informados a los padres y madres de familia, si es del caso también de la institución involucrada, y la población en general.

Haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa, el acusado de violación sexual al Principito, un profesor de un colegio privado que recibe financiamiento de Francia, ha buscado varias maneras de obtener absolución. La última, y motivo de la audiencia del próximo martes, consiste en un pedido de recusación de dos de las juezas del Tribunal de Garantías Penales a cargo del caso. Lamentablemente, aparte de dilatar el sufrimiento del Principito y su familia, esto desgasta la causa a favor de los niños en el Ecuador. En especial, porque la representante del Principito no tiene la grabación de la audiencia de juzgamiento que necesita para ejercer su derecho a la contradicción y, más bien, se esperaría que en todo momento sea prioridad el interés primordial del niño.

La paz del país, que involucra también el bienestar de nuestros niños, depende de que la Fiscalía, los tribunales y las autoridades en general actúen apegados a la ley y a la ética. Y que demuestren sin lugar a dudas que así lo hacen. Necesitamos más, no menos, garantías de que los niños y jóvenes pueden denunciar y recibir todo el apoyo del Estado en casos de agresión, abuso y violación sexual en el Ecuador.

(O)