Habrá segunda vuelta el próximo 2 de abril entre los binomios Moreno-Glas y Lasso-Páez, así lo anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, el miércoles de esta semana, luego de 72 horas de espera, que mantuvo en vilo a la ciudadanía, en medio de sospechas y acusaciones de fraude en las redes sociales.

Hay quienes sostienen que Guillermo Lasso capitalizaría la mayoría de votos de la oposición, que representó el 60%; el presidente Correa afirmó que Alianza PAIS lo derrotará fácilmente en la segunda vuelta por sus antecedentes de banquero y por afín a la derecha; otros vaticinan que será una contienda difícil, reñida, con final de “fotofinish”. Pero pocos, como Osvaldo Hurtado y León Roldós, se detienen a considerar el perjuicio de la presencia del presidente Correa como gran promotor de Lenín Moreno, apoyo que implícitamente recuerda su dirección en las decisiones de otras funciones del Estado; y, si consecuentemente, el candidato de Alianza PAIS fuere elegido, habría de colegirse su influencia. Este columnista encuentra evidencia de la negativa participación electoral del presidente, cuando impulsó la reelección del alcalde de Quito Augusto Barrera. Finalmente abonó para el ascenso de Rodas, contra todo pronóstico.

Lo cierto es que el binomio Moreno-Glas contó en la primera vuelta –contrariando la ley– con un descomunal aparato oficial de publicidad electoral que lo apoyó sin recato, y de reiterarse gravitaría en la segunda vuelta; esto además de la asignación de los recursos lícitos entregados por el CNE y la limitación de Lasso y Páez en ese ámbito.

Sin embargo, no se ha profundizado en las irregularidades del procedimiento electoral, que habría generado escamoteo de las curules en la Asamblea Nacional, reclamadas por actores políticos en las facciones opositoras al régimen. Esto último, propiciado por un padrón electoral que no se ha depurado, pese a la exigencia de la oposición y entendidos que aseguran la necesidad de hacerlo. También hay que insistir en la urgencia de remediar los cambios a los procedimientos para el control de los escrutinios, que desobedecen la ley electoral, en lo atinente a la supresión de un ejemplar del acta de resultados de los votos, ejemplar que debió emitirse por las juntas receptoras de votos y exhibirse públicamente para control ciudadano; y, además, por la manipulación de un segundo ejemplar del acta de resultados (para transmisión de datos), no autorizada en la ley.

Lo descrito, que tiene ribetes de inequidad; favoritismo de las autoridades llamadas a garantizar un proceso electoral transparente y justo; de inseguridad jurídica; y desidia de la Fiscalía para investigar y procesar delitos de naturaleza electoral, no debería repetirse.

Es necesario depurar el padrón electoral que incluye personas muertas y extranjeros (habría 80.000), pero muchos incumplirían requisitos legales: no tendrían la residencia mínima de 5 años, ni habrían solicitado su inclusión. Por otro lado, acatar la ley para que en los comicios de abril se exhiba públicamente el tercer ejemplar del acta de resultados, en cada junta receptora del voto. Son imperativos de certeza y legitimidad para la proclamación del nuevo presidente de la República. Más aún, si se produce una final apretada. (O)