Nos mantienen absortos los capítulos de corrupción de los últimos meses, acusados por autoridades extranjeras, otros comentados localmente. Unos con protección oficial a los corruptos, en otros casos retirada y por ende la respuesta furibunda de los “traicionados”. Son “fotos” de condiciones morales desoladoras. Ya lo describió el tango Cambalache: da lo mismo ser un burro que un doctor honoris causa, dado que los inmorales nos han “igualao”. Hoy muchos “estafaos 
contentos y amargaos” han depositado sus esperanzas en individuos que están fuera de la ley, para librarnos de un gobierno que estaría integrado por quienes roban en su ambición; colchoneros; reyes de bastos; 
caraduras o polizones...

Pero la corrupción no es inevitable. Se puede controlar o limitar, con un medio eficiente para desinstalarla del sector público; y luego, del sector privado. Ese medio debe provenir de afuera, pues nuestra cultura está entremezclada de intereses y compadrazgos.

Lo hemos comentado en esta columna: demandamos crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad. No es cualquier colaboración de las Naciones Unidas, como en forma general han ofrecido más de un candidato, sin saber que una Comisión de tales características ayudaría a reformar leyes y a expedir la Ley de Extinción del Patrimonio, para delitos de peculado, sobornos, lavado de dinero, etc. En Guatemala funciona y logró llevar a la justicia al anterior presidente de ese país y a su vicepresidenta, además de a un centenar de exfuncionarios públicos y empresarios, inmersos en redes de corrupción.

Urge una solución para advertir a quienes se dedican o se dedicarán a la política, que no escaparán de la ley (tampoco sus posesiones) si pretenden hacer fortuna a costa del manejo del dinero público. En Guatemala hay esa advertencia.

En el país entramos en una fase –detectada en ciertos estudios sociales– en que la corrupción no se asume como delito, sino como “forma de subsistir” de las masas excluidas. Estas la entienden o justifican para proveerse por mano propia lo que la exclusión histórica les ha negado. Por tanto tenemos que generar una nueva cultura, con el apoyo de otras naciones, que pueden aportarnos lo mejor para ese fin. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) está apoyando la construcción de la ética de los políticos y de los funcionarios públicos.

Deberíamos concebir la carrera política con objetivos honestos, en cualquier ideología; pero sin ignorar que tarde o temprano puede sucumbir por el peso de la corrupción que estará acechándola. Por ello la ciudadanía necesita protegerla con las medidas adecuadas. De esa manera la sociedad se protege a sí misma.

Los pedidos de renuncia al vicepresidente de la República y al fiscal general de algunos candidatos, en particular del general Paco Moncayo, coinciden con lo señalado en líneas anteriores y la ciudadanía debe apoyarlos. Suficiente afectación han sufrido los principios éticos en las familias y comunidades durante esta década.

Es prioritario cambiar la creencia de que la justicia y las leyes operan solo a favor de los corruptos y de los intereses de los “enchufados” con el poder, como se los conoce en Venezuela. Además de que los entes de control no garantizan el buen manejo de los fondos públicos. (O)