Como la que funciona en Guatemala –Cicig–, contribuiría eficientemente aquí para investigar los delitos en las instituciones públicas y empresas estratégicas del Estado. Fue creada como un órgano internacional independiente, para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones estatales. El organismo inició actividades en un contexto del debilitamiento del Estado de derecho, altos índices de impunidad, ausencia de marcos político y legislativo idóneos para luchar contra la impunidad. Es decir, en circunstancias similares a las de Ecuador.

La necesaria independencia de la Cicig está garantizada con las donaciones voluntarias de Noruega, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, y los organismos multilaterales BID, Banco Mundial, FMI, PNUD, la UE y la OEA. Guatemala no hace desembolsos.

Los funcionarios de la Cicig representan a 23 nacionalidades y apoyan la investigación y persecución penal de casos complejos acorde con el mandato de creación. El organismo tiene muchos atributos de un fiscal internacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en tribunales de Guatemala y con el procedimiento penal de ese país. La Cicig está autorizada a investigar –sí, a investigar– los ilícitos con personal nacional y extranjero, y a participar en los procesos penales.

Su colaboración también apunta a sanear y fortalecer las instituciones del sector Justicia, para lograr una real independencia de los jueces, necesaria en el combate a las organizaciones delictivas que se aprovechan incluso de las instituciones estatales. La investigación conjunta de la Cicig con el Ministerio Público, por ejemplo, permitió hace poco la aprehensión y procesamiento de un fiscal, quien obstruyó la justicia en la investigación a su cargo, de una denuncia contra el líder de una organización delictiva.

En un viaje a Guatemala conocí el antecedente de la Cicig. Se remonta al 2002, cuando una agrupación de varias ONG de derechos humanos emprendió el impulso para su creación y presionó al Gobierno en esa dirección, para investigar actividades de las fuerzas ilegales de seguridad y la maquinaria clandestina de seguridad, que amenazaban a los defensores de los derechos humanos y a los agentes investigadores de la Función Judicial.

Las instituciones de justicia y de seguridad de Guatemala ya estaban infiltradas y minadas por esas mafias, limitando la capacidad del Estado para desmantelarlas. En el 2003, el Gobierno de Guatemala pidió ayuda al Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas para desarrollar un mecanismo de apoyo en la investigación y enjuiciamiento de los integrantes de las mafias.

Así, desde su creación en el 2007 la Cicig investiga y persigue penalmente asesinatos, redes de corrupción administrativa, narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero y ejecuciones extrajudiciales, entre otros casos difíciles y sensibles. Ha capacitado grupos de agentes de la Policía, particularmente a los que trabajan con los investigadores policiales internacionales de la Comisión.

Según el último informe de la Comisión (2015), sus investigadores descubrieron un fenómeno delictivo que denominaron Plazas fantasmas en el Congreso de la República (pipones), que facilitaba la sustracción de fondos públicos en perjuicio de la institución. Esos delitos fueron perseguidos como abuso de autoridad y peculado. Fueron ligados exdiputados, a los que se les sumó el delito de lavado de dinero u otros activos.

¿No le parece familiar lo relatado? (Continuará).

(O)