Primera propuesta. Que todos los aspirantes a la Presidencia (hasta ahora solo dos la enunciaron) se comprometan, de ser elegidos, a solicitarle al secretario general de la ONU la firma del acuerdo de creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, para que investigue –con precisión– los hechos delictivos en las instituciones estatales, colabore en la persecución penal y sanción de los responsables. Esto es, una Comisión similar a la que funciona en Guatemala desde el 2007, con base en un convenio con Naciones Unidas. EL UNIVERSO brindó un amplio reporte sobre ella y una entrevista al comisionado que la dirige, quien relató sus logros. Ambos trabajos del periodista Javier González.

Es que la ciudadanía percibe que la corrupción en el sector público llegó para quedarse y está fuera de control; incluso, investigadores como el economista Eduardo Valencia coinciden en calificarla de estructural, dadas la legislación instrumentada en estos diez años y la permisibilidad de las autoridades de control. Cada vez hay más información que conduce a concluir que estamos gobernados por grupos delincuenciales que cooptaron las oficinas estatales claves y por corporaciones privadas, nacionales y extranjeras, maniobrando todos para lucrar de las contrataciones públicas, con escandalosos sobreprecios, sobornos y otras formas de corrupción.

La irritante experiencia dejada por la corrupción la comparten muchos países, que buscan herramientas para luchar contra la impunidad. Así, se determinó que enfrentarla requiere de colaboración internacional, pero no limitada a la observación, asesoría y la mera transferencia “técnica” de capacidades institucionales, sino con el aporte de investigadores y fiscales internacionales, que trabajen en asocio con los respectivos ministerios públicos, respetando eso sí el ámbito de su potestad y autonomía.

En Guatemala, la Comisión Internacional contra la impunidad (Cicig) provee esa clase de colaboración. Especialmente están bajo la lupa de la Comisión aquellas organizaciones que tienen capacidad para construir impunidad. La Cicig también ha recomendado la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los grupos del crimen organizado, incluidas las reformas legales necesarias. Por ejemplo, propuso la ley de Extinción de Dominio, la reforma policial, entre otras.

Segunda propuesta (complementando la primera). Está dirigida a los candidatos a asambleístas, para que de ser favorecidos debatan la reforma amplia del Código Orgánico Integral Penal y, de ser el caso, fijen también responsabilidad por las infracciones de los subalternos, a las personas que ejerzan el más alto poder de mando en instituciones del Estado, en donde se hayan formado estructuras delictivas. Analizándose su viabilidad a la luz de la teoría de la Autoría Mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados.

La teoría fue concebida por el tratadista alemán Claus Roxin y la ha explicado así: en una organización delictiva, los que están detrás de ella y que ordenan la comisión de delitos, teniendo un poder autónomo de dar órdenes, también podrían ser hechos responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores directos puedan ser penados igualmente como autores. Roxin puntualiza: “El ejecutor, si bien no puede ser desbancado de su dominio de la acción, sin embargo es al mismo tiempo un engranaje, sustituible en cualquier momento en la maquinaria del poder; y esta doble perspectiva impulsa al sujeto de detrás junto con él al centro del acontecer”. (O)