Resulta inquietante el comunicado de la Secom de esta semana. Envuelve al menos contradicción y deja un mensaje de resistencia a transparentar un gravísimo caso de corrupción que apunta a Odebrecht y a funcionarios públicos. No ayuda al Gobierno cuestionar por una supuesta “falta de pruebas” y “beneficio de inventario” a las versiones de los directivos de la empresa que se declararon culpables de actos de corrupción, dizque para atenuarlos, y poder negociar su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas. Esa posibilidad de prestar “cooperación eficaz” para esclarecer hechos investigados es admisible en EE. UU. y también en nuestro COIP.

La posición se contradice con la Fiscalía que requirió oficialmente la documentación a Estados Unidos y Brasil, luego de que funcionarios de Odebrecht dijeron haber entregado sobornos en este país por 33,5 millones de dólares (entre 2007 y 2016). ¡Señores, esto fue revelado en una Corte de Nueva York!

La postura contrasta con la de otros países “salpicados” por la corrupción en la investigación. En Colombia, por ejemplo, el secretario de Transparencia de la Presidencia, con base en el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, identificó a un “alto funcionario de la administración del gobierno de Uribe” de haber recibido sobornos. El expresidente aceptó que alguien de su gobierno estaría involucrado con los sobornos de Odebrecht, pero también mencionó que sospecha de sobornos durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

El gobierno de República Dominicana ofreció actuar con toda responsabilidad contra los implicados, a pesar de que no ha recibido aún la información “por una vía oficial”. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, “instó a Odebrecht a denunciar a quienes pagaron sobornos o financiamiento en Venezuela”. En Panamá, el Gobierno respaldó investigaciones del Ministerio Público para procesar y sancionar a empresas y personas enredadas. Además enviará fiscales a Washington para enterarse del caso.

Pero la posición que más se destaca, por su profesionalismo e independencia, es la del Ministerio Público del Perú. El viernes pasado, anunció que el Brasil aceptó “incluir en los acuerdos de delación compensada de Marcelo Odebrecht, cláusulas que permitan obtener información sobre actos de corrupción” en el Perú.

Llama la atención (en comparación con nuestro medio) la celeridad y coherencia de las investigaciones peruanas, pues el indicado pedido a los fiscales brasileños fue efectuado en julio y octubre. Ya había trascendido que la empresa brasileña entregó 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras públicas entre el 2005 y el 2014.

El caso es que la profesional e independiente investigación ha conducido hasta el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. La investigación contra él se reabrió la semana pasada. Pero a diferencia del nulo valor que la Secom le asignó a las delaciones de los funcionarios de Odebrecht en EE. UU., fue el propio Kuczynski quien pidió su investigación: “Yo puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada. Todo eso se tiene que investigar obviamente… Se tendrá también que traer a la gente de Odebrecht (para) que explique a quién se le pagó esa plata”. Un ejemplo a seguir. Mientras tanto… ¡Feliz año! (O)