Proponer, como presidente de la República, una consulta popular junto a una elección ya convocada puede aparecer como una forma ahorrativa de ejercer la democracia directa. Al fin y al cabo, se ha dicho, si todo está listo para el proceso electoral, solo hay que sumarle el costo de una papeleta adicional. Cabe señalar, aunque muy pocos lo recuerden, que hubo una experiencia similar. Cuando el expresidente Palacio estaba de salida hizo tres preguntas que, a pesar de haber sido aprobadas por amplísima mayoría, quedaron en nada. Su sucesor, que fue ministro del gobierno saliente, estaba demasiado ocupado en el patriótico acto de cubrir con manteles al congreso como para ponerle atención a la voluntad popular expresada directamente.

Pero, la situación actual es muy diferente. El líder no es un presidente que vaya de salida, aunque formalmente así tenga que aparecer. Él sabe que sin su presencia los diez años de la gran revolución ciudadana habrán sido tiempo perdido. Sabe también que si deja la campaña en manos de sus candidatos vendrá la catástrofe. Él debe participar activamente y, para evitarles situaciones difíciles a sus amigos del organismo que tiene el deber de controlarlo, con la consulta se convierte en actor libre de moverse electoralmente por todo el país. Además, hay mucho que meter bajo la alfombra y esa es una tarea que exige decisión y fortaleza. Ese es el primer y primordial objetivo de la consulta.

El segundo objetivo es erosionar la candidatura de Guillermo Lasso, el único de los candidatos que abiertamente tiene inversiones en un país considerado paraíso fiscal. Puede haber otros que también tengan dineros por allá, pero a ellos no les tocará esta disposición porque sus cuentas deben estar al buen amparo de enmarañadas redes de siglas indescifrables. Por ello, si la consulta es aprobada, las consecuencias caerán sobre quienes han actuado legalmente y servirá como alarma preventiva para futuros capayas. Si hasta ahora estos se han movido sigilosamente, en el futuro solo tendrán que mantener y perfeccionar sus técnicas.

Por otra parte, llama la atención que a la acuciosa Corte Constitucional se le haya pasado que, en caso de ser aprobada la pregunta de la consulta, sería necesario reformar todos los artículos de la Constitución en que se establecen los requisitos, las prohibiciones y las limitaciones para acceder a cargos o para desempeñarlos (113, 119, 127, 142, 152, 170, entre otros). Es más, en ninguna parte del documento de Montecristi consta la “posesión de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales” como condición o impedimento. Quizás consideraron que es un pequeño detalle y que apenas merece constar en unas cuantas leyes. Como viene sucediendo en estos tiempos revolucionarios, ya resulta normal que las leyes estén encima de la Constitución.

Por último, con la aprobación de la pregunta se podría proclamar “todo el poder para el SRI”. El director de ese organismo es quien tiene la potestad de decidir si un país es un paraíso fiscal. En adelante será un puesto estrictamente político y muy codiciado. (O)