Renunciar es una salida honorable, si se pretendiera impedir que los errores propios de un funcionario de alto nivel dañen más la imagen de una institución. Esto a propósito del revuelo e indignación causados por las declaraciones del asambleísta Christian Viteri, recogidas también en este Diario, sobre la red de corrupción en Petroecuador. En concreto, sus revelaciones vertidas esta semana en una entrevista con Estéfani Espín, de Ecuavisa.

Es muy preocupante la pérdida de la confianza ciudadana en las autoridades de la Fiscalía, organismo llamado a garantizar la investigación eficiente de delitos y defender los intereses de la sociedad y del Estado, sin temor ni favor.

El asambleísta aseguró que el informe de asistencia penal internacional que remitió el Ministerio de Gobierno de Panamá a la Fiscalía de Ecuador “no llegó el día 29 de septiembre como ha dicho el fiscal... A Carlos Pareja se lo dejó escapar ex profeso, o por lo menos, hubo negligencia dentro de la Fiscalía (abandonó el país el día 28 de septiembre)”.

Sostuvo que el indicado documento llegó a la Fiscalía el 26 de septiembre de 2016, a las 12:28; y el mismo día, el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía se lo envió al fiscal Franklin Bravo Bravo, que llevaba el juicio, pero recién se lo entregaron el 29 de septiembre a las 10:36. Mientras tanto, se filtró la información, con lo cual le dieron “…tres días al señor Carlos Pareja para que huya del país, para que salga del país”. Alguien, en opinión de Viteri, le filtró la información a Pareja “o lo dejaron ir ex profeso y eso es causal de juicio político.”

El asambleísta repudió la justificación del fiscal general para no haber solicitado medidas cautelares preprocesales, por una supuesta falta de indicios o elementos probatorios. Para Viteri, los indicios aparecieron el 15 de agosto de 2016 en el informe de la UAF (Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos), que estableció depósitos por US$ 4’200.000 a favor de Álex Bravo, realizados por nueve contratistas “…que ni siquiera se les pide prohibición de salida del país, donde aparece ya ahí el nombre (del) …asesor del despacho de Carlos Pareja, cuando estos contratistas no firmaron los contratos con Álex Bravo, sino… con Carlos Pareja…”.

El asambleísta Viteri advirtió que con las personas detenidas hasta ahora no se ha llegado a los cabecillas, y es probable que no se descubra si la Fiscalía se mantiene “en esa posición ¡encubridora!… (el fiscal) tiene elementos de sobra… para que haga una indagación… o instrucción fiscal por lavado de activos…”, un delito que es harto grave, pues fue cometido por quienes ejercían cargos públicos.

Lo relatado por el asambleísta permite contrastar la insistencia del fiscal general demostrada en otro procedimiento, que hizo posible la prisión preventiva dispuesta contra el activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta Cléver Jiménez, acusados de violar la intimidad del presidente de la República, por supuestamente difundir correos electrónicos privados.

Está claro que el país necesita oxigenarse debido a la atmósfera enrarecida por el manejo desviado del poder político y la duda del encubrimiento proyectada en el Ministerio Público. Renunciar sería una salida honorable para el fiscal.

(O)