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¿Impunidad en venta?

La ciudadanía reclama fiscalización, y las alianzas de más de un candidato no son nada coherentes para satisfacer esa clamorosa necesidad social. Se repite casi al unísono que la fiscalización será parte del plan de gobierno de un par de candidatos, algo que resulta difícilmente digerible, pues los partidos o movimientos incorporados en las alianzas estuvieron vinculados al oficialismo, hoy enlodado de corrupción. ¿Cómo creer que con un presidente y asamblea, que pueden llegar al poder aupados así, no habrá impunidad de los atracos a los dineros del Estado? Esto, además del blindaje legal de algunas normas del COIP que la facilitará.

Ante la inquietante realidad, los candidatos deben explicar en concreto cómo ejecutarán la fiscalización que (unos, otros no) ofrecen con alegre generalidad y sin sustancia. Esto, ante el temor expresado ayer en Radio Democracia, por el periodista Gonzalo Rosero, de que el dinero de los corruptos termine comprando su impunidad.

Serviría fijarnos en lo ocurrido la semana pasada en el Perú, cuando se descubrió en el entorno del presidente que uno de sus asesores en materia de salud pública ofrecía al administrador de una clínica privada contratos dentro del Sistema Integral de Salud (“Es el negociazo, yo tengo a los pacientes”, le dijo en la conversación grabada que trascendió a la prensa). Kuczynski, acogiendo la denuncia del periodismo investigativo y ratificando su voluntad de erradicar la corrupción, separó inmediatamente al corrupto y tomó otras medidas necesarias.

Una de esas medidas podrían implementar los candidatos que buscan la Presidencia del Ecuador –incluido el oficialista–. Por ejemplo: elevar las exigencias para elegir ministros, asesores y más funcionarios cercanos, en cuanto a preparación adecuada y verificación de la hoja de vida. Otra: establecer en ley la inhabilitación de por vida para trabajar en el Estado, sea en el gobierno central o gobiernos autónomos, para quienes hayan sido sentenciados por corrupción. Nuestra Constitución no lo impide; tanto más que la configuración del Estado social y democrático de derecho busca el equilibrio justo entre los diferentes fines de la pena; entre la defensa de los intereses de la sociedad y la defensa de los intereses del implicado en corrupción.

En Perú, como Ecuador, la corrupción es un tema sensible. Allá en las últimas tres décadas cuatro presidentes han sido acusados, entre otros delitos, por cohecho o lavado de activos, gracias a la prensa independiente.

En Ecuador, a pesar de las graves dificultades del periodismo investigativo durante la última década, se han podido señalar irregularidades que engrosarían un volumen dedicado a la impunidad, probablemente en su momento se podrán recordar detalladamente...

En esta ocasión (aun cuando un candidato de oposición ha manifestado que es necesario establecerla) reitero que es imperioso establecer en Ecuador una comisión internacional de lucha contra la impunidad, como la que con grandes resultados opera desde el 2007 en Guatemala; tanto que la fiscal general de ese país, Thelma Aldana, y el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), estuvieron entre los 376 nominados de todo el mundo para obtener el Premio Nobel de la Paz 2016. En Guatemala, la impunidad ya no es una costumbre… ya no está en venta. (O)

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