Este año, en pocos meses, cambió la calificación gubernamental del grado de honestidad y lealtad del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, también exgerente de Petroecuador.

Según recuerda diario Expreso, en mayo, el presidente calificó a Pareja de “hombre honesto”; entonces ya se lo había vinculado a una sociedad offshore en los Panama Papers. Esta semana, el vicepresidente Glas lo acusó de traidor y pidió “disculpas al pueblo ecuatoriano”. Al menos, un millón de dólares habría recibido Pareja dentro de una supuesta red de cohecho. Se indicó que Pareja fue detectado en vínculos con empresas de Panamá y pagos para obtener contratos de obras en Petroecuador. Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, hizo la transferencia desde una cuenta en la que tenía 12 millones de dólares.

El caso es que estamos percibidos como un país con alto nivel de corrupción. Agravada en la última década. Por ejemplo, en el programa radial Humanos, que transmite I99 FM, escuché que la corrupción se asume en el presupuesto de un emprendimiento con el rubro “refilamiento”. El conductor afirmaba que para establecer un negocio formal “hay que refilar” en la obtención de permisos de toda índole.

Esa percepción fue incluida por la ONG Transparencia Internacional en su informe de 2015. Ahí se nos ubicó junto a Argentina, donde personajes cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron atrapados con millones de dólares y euros injustificados. Mas ella personalmente ha sido procesada por un juez por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”; además, investigada por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y sobornos. Para el juez que la procesó, ella “hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas”. El juez también resaltó algo –que acá no deberían olvidar nuestros próximos gobernantes y autoridades de control–: “La independencia del Banco Central era solo una formal aspiración, que distaba mucho de cumplirse en los hechos”. Es decir, razones no faltan a quienes objetaron y objetan la condecoración, que contra el mínimo decoro le otorgó la presidenta de la Asamblea.

Sin duda, poco valor tiene la calificación que hace un gobernante respecto del grado de honestidad o corrupción de sus colaboradores, si aquel carece de las características comunes de sus pares en los países percibidos con baja corrupción. Menos aún, sin el aval de la participación efectiva, abierta y sin temor por parte de la sociedad civil, en ejercicio de pedir rendición de cuentas.

La ciudadanía no debe olvidar que la corrupción en el Estado sí se puede contrarrestar, pero con total libertad de prensa; con libre acceso a la información de los presupuestos de las instituciones públicas, para conocer cómo se gasta el dinero; y, exigiendo una historia de integridad a quienes aspiren a cargos públicos. Claro, con un Poder Judicial independiente del Gobierno, como observamos en Brasil y en Guatemala (donde guardan prisión un expresidente y su vicepresidente).

Con independencia judicial, tal vez estaríamos situados más abajo que Argentina en el reporte de Transparencia Internacional de 2015 y quién sabe en el de 2016. (O)