El cuerpo del viceministro del Interior boliviano fue abandonado a un lado de la carretera y su vehículo, incendiado. Fue el epílogo de un paro de mineros con quienes el funcionario había tratado de negociar, pero fue secuestrado y, según se cree después de la autopsia, golpeado hasta su muerte.

Los mineros reclamaban acceso a nuevos yacimientos, subsidios a la electricidad, autorización para asociarse con empresas privadas, lo que está prohibido por la Constitución, y que no se permita la sindicalización de la actividad.

Durante la interrupción de carreteras y manifestaciones de los mineros, hubo diecisiete agentes heridos, varios manifestantes golpeados, dos mineros muertos y el viceministro asesinado a golpes.

Tras la muerte del funcionario, los mineros se replegaron a sus campamentos.

El incidente, por sus características, ha conmovido a la opinión internacional y muestra hasta dónde se puede llegar con las posiciones extremas y cuando la solución de los conflictos se busca al margen de la ley. (O)