La lógica de la administración del Estado debería ser la misma que aplicaría un buen padre de familia para manejar la economía del hogar, ajustando sus gastos a los ingresos y sin endeudarse imprudentemente. Esto, a propósito del clamor para que se elimine el cobro del anticipo del impuesto a la renta, dado que actualmente se basa en supuestos ingresos que muy difícilmente se producirán.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Guayaquil difundió un video con entrevistas a comerciantes de la ciudad, algunos de los cuales son muy conocidos (uno que otro apoyó a la “Revolución”), que advierten la caída de sus ventas hasta en un 50%; y otros, describen su actividad en condiciones de supervivencia.

Los múltiples anuncios de oferta para rentar locales en sectores antes con gran movimiento comercial también confirman la contracción económica en Guayaquil. Un conocido distribuidor de vehículos de larga data me compartió su angustia por el dramático descenso de las ventas, al extremo de que se vio compelido a cerrar dos de tres locales que tenía hasta hace pocos meses y a desenrolar trabajadores.

A nivel nacional se replican las voces de nerviosismo de los representantes del comercio y la industria, pues el consumo se ha frenado por la falta de dinero en los bolsillos de muchos. El alto costo de productos también ha incidido, forzando a los ciudadanos a salir a Colombia y a Perú a adquirir mercancías a precios más asequibles. Y por ello no merecen burlas ni reproches.

Esta semana, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano pidió eliminar el anticipo al impuesto a la renta, por inoportuno y no provechoso. Los representantes de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha también plantearon dicha eliminación en la Asamblea.

Ante la dura realidad, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Servicio de Rentas Internas no pueden continuar ignorando que mantener el anticipo del impuesto a la renta es perjudicial para el desarrollo de la economía; y, por el contrario, podría incrementar el despido de más empleados.

La obligatoriedad del pago del anticipo se ha convertido en otra pesada carga financiera para el empresario. Además repugna al sentido de equidad, cuando hay la certeza de que no se generará renta o beneficio en una actividad económica claramente deprimida. Es decir, termina siendo un pago sin causa que no se recupera. (Su revisión debería considerarse dentro un pacto ético).

Una imposición tributaria así concebida transgrediría la Constitución que prohíbe toda forma de confiscación (art. 323); pero, adicionalmente, desprecia la garantía a la inviolabilidad de la propiedad privada y a la libre disposición del dinero propio.

El asambleísta Virgilio Hernández insiste en mirar hacia otra realidad. Claro, tendrá que responsabilizarse de su tozudez frente al clamor ciudadano, pues el significado de “pago”, en el caso del anticipo de un impuesto no generado, implica satisfacer una deuda inexistente; y que, de acuerdo con lo que prevén los empresarios, tampoco llegará a existir en el presente ejercicio fiscal. Su defensa a la vigencia del anticipo, como un supuesto control de la evasión, a más de ser una excusa de poca elaboración, constituye una ofensa generalizada y un “esfuerzo” estéril, si se busca incentivar la producción. (O)