Todos coinciden en considerar como el primer golpe de Estado en la Argentina al que tuvo lugar el 6 de septiembre de 1930, cuando un grupo de militares encabezados por el general José Félix Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen e instauró la primera dictadura militar, el gobierno de facto que ejerció primero Uriburu y luego el general Agustín P. Justo hasta el 20 de febrero de 1938. Pero si bien fue la primera dictadura militar, no fue la primera revolución: 40 años antes, el 29 de julio de 1890 un golpe, digamos palaciego y mucho más civil que militar, derrocó al presidente Miguel Juárez Celman. Se la llamó Revolución del 90 y también Del Parque porque tuvo su refriega armada en el Parque de Artillería que ocupaba la actual plaza Lavalle y la manzana donde ahora se levanta el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. Pero esa revolución no alteró el orden constitucional porque Juárez Celman fue sucedido por su vicepresidente, Carlos Pellegrini, que para colmo arregló en menos de dos años los desaguisados de su antecesor cordobés. Hoy en toda la Argentina hay monumentos, calles, pueblos y plazas en homenaje a Pellegrini y solo recuerda a los Juárez Celman la ciudad del sur de Córdoba que lleva el nombre de su hermano Marcos, que además de ser gobernador de esa provincia cuando Miguel era presidente, tenía algunas estancias y bastante grandes por la zona.

En todos los países democráticos del mundo, y sobre todo en las repúblicas de nuestra América, hay mecanismos constitucionales para terminar con los gobiernos antes de que cumplan su mandato por motivos graves, que van desde la falta de salud física o mental a las más dispares razones éticas, judiciales o relacionadas con la gobernabilidad. Generalmente se trata del juicio político sustanciado por el Poder Legislativo. Los sistemas parlamentarios, en cambio, no tienen vicepresidente porque tienen desdoblada la misión de jefe de gobierno y jefe del Estado y basta con una declaración del parlamento porque el presidente del gobierno es elegido por ese poder entre sus pares. En los sistemas presidencialistas, como todos los americanos, se complica un poco más, precisamente por el poder del presidente, que en el caso argentino es el de un rey con fecha de vencimiento.

Por distintos motivos, casi siempre políticos, aunque se hayan archivado con nombres de lo más peculiares, como la incapacidad mental para gobernar de Abdalá Bucaram, los juicios políticos o las renuncias anticipadas han prosperado como resultado de la pérdida de poder del presidente. Así cayeron, constitucionalmente, presidentes perfectamente constitucionales y elegidos por el pueblo, como Richard Nixon en los Estados Unidos, Jean Bertrand Aristide en Haití, Otto Pérez en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Alberto Fujimori en el Perú, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en el Ecuador, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia, Raúl Cubas Grau y Fernando Lugo en Paraguay, Fernando Collor de Mello en Brasil y su tocayo Fernando de la Rúa en la Argentina.

Ahora la que espera en el banquillo es Dilma Rousseff, que acusa de golpe de Estado a su vicepresidente Michel Temer y al impeachment promovido en su contra. Y creo que ninguno de los mencionados más arriba diría lo contrario de sus propios procesos de destitución. Todos tienen sus excusas y sus razones para defenderse. Todos, también, hicieron macanas. Pero insisto en la pérdida de poder político como única razón para que el arco opositor a un gobierno se ponga de acuerdo junto con algunos de sus otrora aliados para el derrocamiento de un presidente.

“El vicepresidente es un conspirador a tiempo completo” le oí decir una vez a Gustavo Noboa, el vicepresidente que accedió a la presidencia del Ecuador por la renuncia anticipada de Jamil Mahuad. Sabía lo que decía y creo que quería decir que el vicepresidente cumple cabalmente su función cuando se va el presidente… y si se va para siempre, más cabalmente la cumple.

Se me ocurría que un modo de evitar por lo menos alguno de estos golpes constitucionales sería abolir las vicepresidencias. Pero en contra de ese argumento recordé que cuando –obligado por la pérdida de poder– renunció De la Rúa a la presidencia argentina el 21 de diciembre de 2001, no había vicepresidente… y así nos fue. Ahora no podemos saber qué hubiera pasado si Chacho Álvarez no renunciaba a la vicepresidencia para precipitar la caída, pero estoy seguro de que los últimos quince años habrían sido mucho mejores para la Argentina. (O)

Insisto en la pérdida de poder político como única razón para que el arco opositor a un gobierno se ponga de acuerdo junto con algunos de sus otrora aliados para el derrocamiento de un presidente.