A propósito de la investigación de Fiscalía a las declaraciones patrimoniales de ciertos asambleístas, el asambleísta Moisés Tacle hizo un comentario en Radio Democracia.

El ingeniero Tacle señaló: “…de las personas que supuestamente están involucradas en las investigaciones de la Fiscalía… dos de ellos son personas que manejan grandes negocios, grandes intereses en el Ecuador, de tal manera que si se han olvidado, se han olvidado porque tenían que olvidarse... de declarar algunas cosas…”. Luego agregó: “Pero lo que yo también quiero decir, porque esto es público y notorio, y sobre todo… en la Asamblea, que ahí hay peces gordos… que declaran ridículos patrimonios… y no me va a obligar a dar nombres (le espetó al entrevistador), pero todos conocemos quiénes son… peces gordos que manejan cuotas de poder en sus provincias… y se sabe además otra cosa, que también es pública… personas que ingresaron a este Gobierno, como decimos en Guayaquil –chiros de bola–… sin un centavo, pelados, limpios y ahora son magnates…”.

Lo anterior confirma por qué Ecuador continúa identificado con la corrupción por Transparencia Internacional (puesto 107 junto a Argentina –la del kirchnerismo–, entre 167 países), no obstante las proclamas de Montecristi. Entonces se estableció que el Estado debe garantizarnos “…el derecho a vivir en una sociedad.. libre de corrupción…”. Que los funcionarios públicos están obligados a “administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción”; y, que los titulares de la Función de Transparencia y Control Social deben promover e impulsar el control de entidades públicas y combatir la corrupción. Ello no se ha cumplido a cabalidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ni siquiera ha protegido a los denunciantes de actos de corrupción pública (Art. 208); y por el contrario, más de uno terminó enjuiciado y sentenciado por esas iniciativas.

Aquí proliferan ciudadanos que al llegar a cargos públicos se dejaron permear por estrategias fraudulentas en perjuicio del erario; tal vez, por la falta de un compromiso social para fiscalizar lo público.

Sin duda, no son suficientes las leyes que sancionan el enriquecimiento ilícito con dineros estatales. En programas escolares es necesario el énfasis en la ética objetiva y la moral. Para formar nuevos ciudadanos que actúen con rectitud, de forma natural. Los actuales están tentados por el dinero fácil, en una sociedad que es permisiva con esa manifestación del éxito, y lo ha elevado a la categoría de modelo.

Coincido con el asambleísta Tacle, cuando en la referida entrevista acotó que en la zona de Samborondón es común encontrar en una gasolinera que aquel frecuenta, a personas que de la noche a la mañana y “nunca han sido nada en su vida… ya andan en unos Porsches… unos carros que valen 200 mil dólares… ¿de dónde pues, de dónde sale esto?”.

Es obvia la vorágine de la corrupción, producto del abuso de poder. Un poder que recarga impunidad, o si por azar del destino se atrapa a algún funcionario corrupto, se infiere que es ejecutor de órdenes indirectas (o directas inconstatables).

Mientras se paseen impunemente las espontáneas fortunas, habrá más indignación por los esquilmadores incrementos tributarios. (O)