Durante los años 2009 y 2010 fui designado por el señor presidente de la República comandante general de la Armada del Ecuador, como tal me correspondió ser parte del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Issfa. En estos días la Procuraduría General del Estado ha dispuesto al Ministerio del Ambiente, MAE, y al Issfa que se revise y modifique el contrato de venta de terrenos por parte del Issfa, según el mencionado funcionario, porque no se observaron normas respecto del avalúo, y por medio de la prensa conozco que el señor presidente de la República, sin que sea vinculante la resolución de la Procuraduría, ha dispuesto que el supuesto exceso que se pagó sea debitado de las cuentas del Issfa y transferido al MAE.

Al respecto es mi deber informar a la opinión pública que sobre esos terrenos el Issfa tenía un proyecto de vivienda que, de haberse concretado, le hubiera reportado importante rédito; sin embargo, en aquel periodo en que fui miembro del directorio, el señor ministro de Defensa de aquel entonces, Javier Ponce, a nombre del Gobierno nacional le solicitó al Issfa que le diera en venta los terrenos de Samanes para la construcción de un gran parque que se convertiría en un espacio de recreación y áreas verdes para los habitantes de este sector. El Issfa, precautelando los intereses de los afiliados, en sesión de directorio presidido por el señor ministro de Defensa, luego de tener los respectivos informes jurídicos y la aprobación del MAE, que entiendo debió haber revisado con minuciosidad la documentación, acordó vender aproximadamente el 60% de los terrenos de su propiedad en el sector de Samanes a precio de catastro nacional. Además, en aquel entonces las empresas del Ejército ecuatoriano bajo el Holding DINE S.A., por resolución de su directorio pasaron a ser patrimonio del Issfa; es lógico entonces entender que el Issfa realizó una negociación dentro del marco legal, beneficioso para la institución, porque lo ilógico e inaceptable hubiera sido que lo hiciera perjudicándola, porque entonces hubiera perjudicado los intereses de los afiliados.

Por lo tanto, rechazo la informalidad con la que se está manejando el tema de los dineros de los afiliados al Issfa, no solo porque es inoportuna sino arbitraria la decisión de debitar de la cuenta del Issfa los 41 millones de dólares que, según el Gobierno, se pagó en exceso.

Por otra parte, felicito al alto mando saliente por su postura en defensa de los intereses del Issfa e invito a los actualmente designados para que sigan defendiendo los intereses de los miembros activos y pasivos del Issfa. (O)

Aland Molestina Malta, contralmirante (servicio pasivo), Guayaquil