Después de que el candidato oficial, el escritor Raúl Vallejo, perdiera abrumadoramente las elecciones de rector en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el Gobierno ha lanzado una sorprendente arremetida para apoderarse de un espacio académico que le ha sido crítico en los últimos tiempos. No importan los medios, tampoco si se pone en riesgo un proyecto construido con mucho esfuerzo; interesa el fin: castigar al rector saliente y convertir a la universidad en una más de las entidades académicas bajo dominio de la intelectualidad correísta.

La carta oficial en la elección la jugaba el exministro Vallejo, hoy embajador de Ecuador en Colombia, a quien se tiene como un apasionado y ciego defensor del correísmo. Su candidatura fue derrotada ampliamente por la de César Montaño –1.218 votos contra 176– en la consulta interna del 24 de noviembre de 2015. Una vez ratificada la nominación de Montaño por el Consejo Superior de la universidad, su máxima instancia de autoridad, empezó la intromisión. Primero, se impugnó tardíamente la candidatura de Montaño con un argumento jurídico cuestionable; luego se apeló al Parlamento Andino para que desconociera la elección; como el Parlamento Andino no tiene autoridad en la designación del rector, pero sí en la configuración del Consejo Superior, mediante una maniobra politiquera destituyó a una parte de los integrantes del Consejo para conformar uno paralelo que diera paso a la impugnación. La confusión está creada: dos Consejos Superiores reclaman hoy autoridad.

En todas estas movidas, la Cancillería, y supongo que también el embajador Vallejo, hizo un activo lobby diplomático para lograr el propósito del Gobierno. El lobby diplomático se respaldó en una campaña interna a favor de Vallejo desde las páginas de El Telégrafo, según lo han señalado profesores de la Andina. Luego de la posesión de Montaño, el viernes 15 de enero, la guerra ha continuado. El lunes de la siguiente semana, la universidad recibió la inesperada visita de funcionarios del Ministerio de Trabajo y del IESS para examinar sus registros. ¡Enseguida descubrieron irregularidades que no habían detectado en nueve años! También el SRI ha querido desconocer la firma del nuevo rector. Para completar el escenario de la asfixia, desde septiembre la Andina no recibe –como otras universidades del país– las transferencias que le corresponden por ley.

El interés del Gobierno en la UASB es doble: por un lado, golpear a una universidad cuyo rector tomó de modo abierto y público una postura crítica tanto hacia la revolución ciudadana como a la reforma universitaria impuesta por el Gobierno. Y de otro, convertirla, a mediano plazo –me imagino yo– en un centro más –como el IAEN o Ciespal– dedicado a legitimar desde debates teóricos y conceptuales, foros y seminarios hasta posturas ideológicas y políticas cercanas a las de Alianza PAIS.

No hay límites en la acción del Gobierno, no hay regla ni ordenamiento institucional que valga –allí radican su peligro y su arbitrariedad– cuando le mueve el ansia de retaliación política. Prefiere boicotear, asfixiar, obstaculizar, desestabilizar incluso, un proyecto académico prestigioso, serio, perfectible, que ha tomado 20 años construirlo, antes que admitir el inobjetable pronunciamiento de la comunidad universitaria de la UASB y de sus instancias institucionales de Gobierno. ¡Nada a la brava! (O)