En esta crisis económica y con las dificultades del sector público para pagar a sus contratistas, ojalá que el anuncio de nuevas inversiones se concrete en la generación de empleos o al menos en el mantenimiento de las plazas existentes, para enfrentar el 2016. También hay que pensar en el consumidor de bienes y servicios, dado el alto costo de la vida, y en la modificación de políticas tributarias.

Los empresarios y la sociedad piden que el Gobierno escuche sus propuestas de solución a los problemas de la producción, reflejados en la baja generación de empleo y caída del poder adquisitivo. Piden a las autoridades entender que la desaceleración de la dinámica empresarial privada se originó principalmente por las erradas decisiones gubernamentales, que se deben revertir.

Ciertas actividades económicas han sido más afectadas por las inadecuadas políticas tributarias, como la de seguros, que también traslada sus costos al consumidor. Por ejemplo, las compañías de seguros operan con reaseguradoras internacionales, para cubrir los riesgos de contratos especializados con gran costo de cobertura, que no pueden asumir las empresas nacionales (seguros de presas hidroeléctricas, turbinas, naves marítimas, aéreas –civiles o militares–). Las primas por reaseguros deben pagar el 5% del impuesto de salida de divisas, que en la práctica lo asumen las aseguradoras nacionales. También asumen el 5,5% del impuesto a la renta, que correspondería a la reaseguradora extranjera que ya tributa en su domicilio y rechaza la doble tributación.

Además, el SRI obliga a las aseguradoras a pagarle el IVA de los seguros de exportaciones, pese a que el exportador lo retiene al cancelar la prima. Luego de seis meses el SRI lo devuelve con un certificado que la aseguradora debe negociarlo en el mercado. Hasta entonces, estas compañías pierden liquidez en cantidades importantes.

Normas tributarias como las mencionadas, en esta época de vacas flacas, desestimulan la actividad económica privada al agravar el peso de las cargas impositivas. Por ello es pertinente insistir en los pedidos de distintos sectores sobre la necesidad de su reformulación. Otras, dada la reducción de la actividad económica, suponen en realidad una exacción al patrimonio de las empresas y no una contribución sobre la renta. Tal es el caso del mal llamado “anticipo” del impuesto a la renta, que cuando el ejercicio respectivo no arroja utilidades no se devuelve, además de que en el cálculo se consideran los activos. Es en realidad un impuesto al patrimonio, por lo que debe eliminarse.

Las empresas contratistas, pese a sufrir la morosidad del sector público –al menos 500, entre grandes, medianas y pequeñas, según fuente confiable–, también están obligadas a anticipar el impuesto a la renta. Igual drama viven los comerciantes, por la baja de sus ventas, dado el encarecimiento de los productos importados, en el que inciden el impuesto del 5% a la salida de divisas y las “salvaguardas arancelarias”.

Así, resulta necesario repensar la política tributaria, si es que en verdad existe voluntad de reactivar la economía. Tarea en la que podría aportar mucho el ministro de la Producción, Empleo y Competitividad. Mientras tanto, querido lector, que el espíritu de la Navidad le traiga mucha paciencia, energía positiva, con paz, amor, armonía y regocijo. (O)