¿Recuerdan el 2007, cuando todo el país vio en el nuevo gobierno la respuesta a muchos de los problemas del pasado? Jóvenes, con ideas frescas, buena formación académica y una clara posición a favor de los derechos humanos. Nuestra vieja clase política aparecía como un recuerdo pestilente, frente a esta bocanada de aire fresco que constituía Alianza PAIS y su proyecto. Los autoritarismos del pasado, las violaciones a los derechos humanos, la discriminación a los que de forma reiterada nos acostumbraron nuestros partidos políticos, sin dejar de mencionar la forma impúdica en que se repartieron las cortes de justicia y los órganos de control veían su fin con la nueva estructura de poder. La presencia de algunos rezagos de la partidocracia como Carlos Vallejo, Fernando Cordero, Doriz Solís o Virgilio Hernández pasaba casi desapercibida frente a una amplia mayoría de cuadros nuevos. El “proyecto” se convirtió en palabra recurrente en boca de los recién estrenados funcionarios, con la cual se presentaban como tributarios de un ideal mayor y común.

La oferta de una nueva Constitución llena de derechos y ciudadanía mereció total apoyo desde el inicio. En Ecuador todavía creemos que la realidad puede cambiarse normativamente y siempre que buscamos una nueva sociedad lo primero que hacemos es cambiar de norma fundamental. La Asamblea Constituyente unificó a las más diversas vertientes ‘progres’, los partidos de izquierda tradicional como el MPD o el Socialista también fueron parte de la fiesta democrática, sin pasar por alto a sectores permanentemente críticos como Pachakutik o los Ruptura de los 25. Para quienes estamos cerca del derecho constitucional desde hace muchos años, no dejaba de causarnos escepticismo esa amalgama de parte dogmática ultragarantista y parte orgánica ultraconcentradora de poder. Los sistemas de pesos y contrapesos necesarios para una convivencia democrática, simplemente desaparecieron. Ahora bajo el rótulo de “ciudadanía” toda designación se hace por órganos que no provienen de procesos democráticos, como el caso del superpoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o el Consejo de la Judicatura. Está claro que si se quiere controlar a jueces y los entes de control hay que copar los consejos con incondicionales y eso es exactamente lo que hicieron.

¿Qué nos queda ahora? El Gobierno que en sus inicios emitió un decreto ejecutivo disponiendo que se dé total cumplimiento a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahora desconoce las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La estructura que se preciaba de plural y tolerante, de progresista y de avanzada, ahora ha puesto programas como la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enipla) en manos de los sectores más reaccionarios y retardatarios. El mismo discurso presidencial ha variado sustancialmente, pues de la inclusión, tan cacareada en un principio, se ha pasado a calificar como “ideología de género” a la defensa de los derechos reproductivos de la mujer o los derechos GLBTI. Nunca antes habíamos tenido mujeres procesadas por el tipo penal de aborto, el cual constaba en el Código con efectos eminentemente simbólicos y servía para la tranquilidad de beatas y fanáticos. Ahora se denuncia desde hospitales públicos y se remiten los casos a la Fiscalía. Todo esto, por supuesto, con el silencio borreguil de aquellas que en su momento llegaron ondeando la bandera del feminismo y que hoy hipotecaron sus principios, a cambio de una curul o cargo gubernamental. El poder las desprecia y se burla de ellas, las trata de traidoras y con referencias sexuales explícitamente ofensivas, pero bueno, hay cuentas que pagar mensualmente y los valores construyen buena conciencia, pero no paran la olla.

Caso parecido sucede con la relación del Gobierno y los grupos indígenas, quienes con todo y entrega de bastón de mando, saludaron gozosos la llegada de Alianza PAIS al poder. Ahora a sus dirigentes en actos masivos se les trata de traidores y siqui ñahuis (careculos), se revierte el comodato de la sede de la Conaie y por último se dice que no representan a nadie. Todo esto secundado también por quienes en su momento se valieron del movimiento indígena para ocupar cargos públicos y ahora cómodamente apoltronados en sus curules o espacios de poder, prefieren mirar a otro lado cuando se cometen estas barbaridades.

La justicia o la caricatura de ella que tenemos actualmente, solo sirve para producir vergüenza. El nivel de los jueces es cada vez menor y a nadie en sus cabales, que no sea algún esbirro del poder, se le ocurriría decir que lo que existe satisface los mínimos estándares. Los derechos humanos se violan todos los días en los juzgados y casos como el de los estudiantes del Mejía o los 10 de Luluncoto son buenos botones de muestra. (O)

La justicia o la caricatura de ella que tenemos actualmente solo sirve para producir vergüenza. El nivel de los jueces es cada vez menor y a nadie en sus cabales, que no sea algún esbirro del poder, se le ocurriría decir que lo que existe satisface los mínimos estándares.