Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura de 1967, escribió la novela El papa verde, en alusión a la compañía estadounidense United Fruit Company, llamada también “El pulpo”, por ser la mayor potencia económica y política de la dulce cintura de América, como denominaba Neruda a América Central. El papa verde es Maker Thomson, quien crea un imperio bananero paralelo y superior al Estado y quiere ser presidente de Guatemala, resistiéndose los nativos a su dominación, manteniendo su identidad, en medio de las dificultades.

Un papa, negro por el color del petróleo que explota y con el que explota, está a las puertas de engullir 1.769 millones de dólares (mil millones menos de lo que pretendía). Se trata de la compañía Occidental Exploration and Production Company (OXY), una de las más grandes de los Estados Unidos de América, beneficiaria de un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), cuya nulidad ha pedido el Estado ecuatoriano, demandado en el procedimiento arbitral.

La historia empieza en 1985, cuando CEPE, el ente estatal petrolero ecuatoriano, celebra con OXY un contrato de prestación de servicios de exploración y explotación de petróleo en la región amazónica, que en 1999 se convierte en uno de participación, en virtud de las reformas a la Ley de Hidrocarburos. En el año 2012 debían terminar las actividades en el Bloque 15, en el que operaba la compañía, y en el 2029 en las otras áreas. En dicho contrato, de acuerdo a la ley, se estipuló la prohibición a OXY de ceder sus derechos y obligaciones y de crear un consorcio o participar en él, sin la venia del Ministerio de Minas y Petróleo. La omisión acarrearía la nulidad de la transferencia y la terminación del contrato, debiendo devolver al Estado las áreas contratadas y entregarle todos los bienes de exploración y explotación, sin costo para el Estado y con la pérdida de las garantías dadas. Es fácilmente entendible la necesidad de esa autorización, porque el Estado, como dueño del recurso natural, debía asegurarse de la capacidad técnica y financiera y de la conducta moral del cesionario. Así es el sistema legal, los subarriendos, por ejemplo, se prohíben, sin la autorización del arrendador.

Pero como la OXY creía que esta es una tierra de nadie, sin la respectiva autorización, el 19 de octubre del 2000 celebra un contrato de cesión del 40% de sus derechos sobre el Bloque 15, con la compañía canadiense Alberta Energy Corporation (AEC), que actuó a través de una compañía de propiedad de una de sus subsidiarias, ya que el velo societario es indispensable para encubrir al verdadero dueño de las acciones. Mas ya en 1999, mientras se celebraba el contrato modificatorio de OXY y Petroecuador (sucesora de CEPE), detrás de la cortina OXY y AEC negociaban la venta de dicha área. El papa negro negó haber realizado el traspaso a AEC y se rehusó a dar una copia del contrato de cesión –solo lo hizo cuando el Ciadi lo obligó, a petición del Estado–, descubierto accidentalmente en el 2004 por la compañía auditora de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, cuando el diablo se le durmió a OXY. Para enmascarar la cesión, Occidental pagaba los impuestos que le correspondían a AEC y esta le reembolsaba y se simulaban ventas. En el contrato de cesión se pactó que si el Gobierno no aprobaba la operación, cualquiera de las partes podía darlo por concluido.

OXY pide en el 2004 el permiso de cesión y descubierta en la fechoría se inicia el proceso de caducidad, que demoró injustificadamente dos años hasta que fue declarada. El pueblo lo pedía, se leía en los grafitis del país. Se acusó de reincidente a OXY en violar la ley.

El procurador general del Estado, que ha defendido como debe ser los intereses del país, ha manifestado: “El caso OXY marca la dura historia de un Estado soberano y su lucha dentro de un sistema de administración de justicia internacional diseñado por y para los inversionistas y la defensa de sus intereses”, lo cual se ha constatado. El tirano Juan Vicente Gómez de Venezuela, le dijo a las compañías petroleras: “Ustedes hagan la ley; nosotros somos novatos en eso”. Ha dicho Cecilia Olivet, una politóloga uruguaya, que ese sistema es como ir a juicio contra el diablo, con un tribunal en el infierno. Las críticas al Ciadi arrecian: tiende a favorecer a las empresas, la base jurídica de su actuación enerva la legislación interna, inclusive las constituciones y la normativa del Derecho Internacional Público, como la de Derechos Humanos y medioambiente. No son apelables sus laudos, solo prevé la nulidad, por causas restringidas. ¿Dónde hallar el origen de esta inequidad? El Ciadi es un organismo del Banco Mundial, donde más votos tienen los Estados Unidos de América, el 16,56%. En el 2009, Ecuador denunció (se separó) el tratado que lo constituyó, que solo prevé la posibilidad de que las transnacionales, no el Estado, propongan acciones y busca crear un centro de arbitraje regional, sin que haya que temer que en tales condiciones no haya inversiones extranjeras, porque seguirá siendo atractivo efectuarlas. De su celebración, en 1993, deben responder ante la nación quienes, a decir del procurador, lo hicieron “con más entusiasmo que conocimiento”, en nombre de nuestros propios países.

Olivet ha expresado que el presidente del tribunal es miembro de varios grupos empresariales, y una asambleísta denunció que es socio del principal grupo de la compañía canadiense. ¿Imparcial? En esta causa nacional, donde nos quieren quitar los mendrugos de pan, sin importar los colores políticos e ideológicos, hasta las piedras deben levantarse. Como los nativos de la novela de Asturias, debemos resistir la dominación.

En esta causa nacional, donde nos quieren quitar los mendrugos de pan, sin importar los colores políticos e ideológicos, hasta las piedras deben levantarse.