La Asociación de Servidores Penitenciarios (Asoserpen) presentó una acción de habeas corpus en contra de Luis Zaldumbide, quien es el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad que maneja el sistema penitenciario en Ecuador.

El abogado Diego Pozo, quien patrocina la causa judicial, explicó que se busca que el SNAI garantice la integridad física, psicológica y sexual, así como la vida de los funcionarios, quienes están retenidos en algunas cárceles del país.

Carlos Ordóñez, agente de seguridad penitenciaria, quien es vicepresidente de la asociación, se mostró preocupado por la situación de sus compañeros. Mencionó que es indignante y, como nunca antes, los ha llenado de impotencia.

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Ordóñez indicó que el Estado no ha sabido garantizar condiciones laborales adecuadas para realizar su labor.

Se quejó de la falta de implementos para cumplir con su trabajo y de haber pasado de institución rectora, pero ninguna ha sabido manejar el sistema penitenciario, adujo.

“Sin logística, sin equipamiento, sin garantías. Uniformes no hay, equipos no hay (...), los peores sueldos”, dijo en una rueda de prensa.

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Refirió que en 2021 hicieron entrega voluntaria de armas, por lo que adujo que ahora se ven las consecuencias. Cuando suceden hechos en las cárceles, precisó, se responsabiliza al más desprotegido.

Agregó que jamás han direccionado nada en el sistema, pese a que deberían ser ellos.

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Otro problema —sostuvo— es que no se ha realizado la inversión correspondiente en capacitación, entrenamiento, formación. Cuestionó que han dependido en esos ejes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional de acuerdo a sus doctrinas.

Señaló que, si no se garantiza la seguridad, los ejes de tratamiento para rehabilitación no sirven de nada.

Pozo sostuvo que hasta ahora el sistema penitenciario no ha especificado una cantidad exacta y veraz de cuántas personas están restringidas de su libertad y en qué centros de rehabilitación social ni si hay fallecidos o no.

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En varios centros de reclusión hay 139 guías y funcionarios que siguen retenidos, según indicó este miércoles el SNAI: 125 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo retenidos.

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Se conoce que los retenidos están en las cárceles CPL Azuay n.º 1, Cañar n.º 2, Napo n.º 1, Tungurahua n.º 1 y Cotopaxi n.º 1.

Ordóñez sostuvo que espera que lo que está sucediendo sea una manera de presionar a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo para mejorar sus condiciones.

En el sistema penitenciario hay 2.800 agentes divididos en tres guardias para más de 30.000 privados de libertad. (I)