¿Las personas que realizan extorsiones en negocios pueden ser ligadas a actos terroristas cuando usan explosivos en sus ataques?

Con un país bajo conflicto armado interno, militares y policías han desplegado cientos de operativos que han permitido la captura de más de 1.900 personas.

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El despliegue se realizó desde el martes, 9 de enero, cuando el Gobierno declaró terroristas a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Inicialmente, los militares y policías ligaban a gran parte de los capturados a actividades de grupos catalogados de terroristas, pero con el paso de los días en las cifras oficiales se fue precisando el número de detenidos por ese delito.

Hasta el miércoles iban 1.975 detenidos en los operativos, pero solo 158 por asuntos de terrorismo, que están tipificados en el artículo 366 del Código Integral de Procedimiento Penal.

La semana pasada, en medio de la convulsión por la incursión armada en TC Televisión, el general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, mencionó que todo sujeto detenido con armas, explosivos o que sea hallado atentando contra entidades públicas o privadas -o contra vehículos- iba a ser considerado terrorista.

En las calles, ciudadanos consideraban que los extorsionadores de negocios que usan explosivos para presionar a los dueños para el pago de vacunas también deberían ser procesados por terrorismo.

¿Qué dice el COIP?

Quienes realizan extorsiones en negocios ¿pueden ser ligadas a actos terroristas cuando usan explosivos en ataques? ¿Qué dice el COIP sobre esto?

Steven Reyes, abogado en ejercicio, considera que las personas que realizan extorsiones a negocios solo pueden ser procesadas por terrorismo, en el caso de que se logre comprobar que pertenecen a los grupos de delincuencia organizada (GDO) que constan tras la declaratoria de conflicto armado.

“Si se logra determinar que pertenece a un GDO y que realizan extorsiones a negocios mediante el uso de explosivos en los ataques sí cuadraría su conducta a lo establecido en el artículo 366 del COIP”, agrega.

Reyes señala que allí se establece que la persona que provoque o mantenga en estado de terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad o edificaciones comete terrorismo será sancionada con una pena privativa de libertad de diez a trece años.

Sobre este tema, el abogado Jorge Haz considera que el terrorismo está ligado a delitos contra la seguridad del Estado y la extorsión está dirigida a un ciudadano con fines, como por ejemplo, de exigir dinero.

“Las temáticas son diferentes, por ejemplo, que la estructura criminal comience a una parte determinada, a un local, a pedir plata, su motivación va encaminada a solicitarle dinero, ese es el móvil, en cambio, en el terrorismo es poner zozobra a la comunidad, al Estado, para imponer una forma de pensar o de creer, y que para que mantengan ese poder ellos generan este tipo de actos de terrorismo para conseguir que se mantenga su postura...”, explicó.

Haz dijo que cuando a una banda, por ejemplo, se la quiere mover de su territorio y esta se resiste y trata de imponerse sobre el Estado con actos que atentan contra transporte, medios de comunicación y la sociedad, puede ser terrorismo. (I)