Los crímenes de periodistas siguen teniendo esa coraza de impunidad y el Estado debe justicia, dice Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación

Este 2 de noviembre se conmemora el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”. En Ecuador han sido asesinados al menos una docena de comunicadores desde el 2005. Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, cuenta a este Diario por qué la impunidad sigue existiendo en el país y los retos que tendrá el presidente electo Daniel Noboa para garantizar la protección a los periodistas ahora que existe un mecanismo de protección que se conocerá a mediados de este mes.

¿Por qué en Ecuador existe impunidad para los crímenes contra periodistas?

Lamentablemente, la impunidad es una realidad. Hay casos que no se han logrado transparentar y que históricamente merecen justicia, siguen teniendo esa coraza de impunidad y no permiten confiar al ciudadano y no permiten garantizar transparencia. Una de las debilidades de nuestro país es la falta de estabilidad desde las cabezas de las instituciones, del Estado, de los poderes del Estado... Esto no permite sancionar a jueces que permiten impunidad y es una deuda histórica que tiene lamentablemente el país. Hay colegas que nos dicen: “No queremos poner denuncias, porque estamos solos”. La Fiscalía no avanza y los jueces han sentado el precedente de tener más temor al presentar que en pedir justicia.

¿Qué trabas ha detectado desde el Consejo que han tenido las investigaciones de los crímenes contra periodistas?

Solo por poner un ejemplo, una de las últimas acciones. Cuando era legislador el expresidenciable Fernando Villavicencio, envió una carta al Consejo de Comunicación para trabajar directamente con la Secretaría de Inteligencia para que desclasifique las actas donde daban información de seguridad en el caso El Comercio, y pasó el tiempo, porque ya se podían desclasificar por el tiempo y luego nos envían un comunicado que era información segurísima, secretísima y que no podían darla y que se debe esperar quince años. Ahora con el nuevo reglamento nos da la potestad de tomar otras acciones y estamos estudiando pedirlas, por ejemplo, el pedir las actas.

¿Cuáles son los principales retos que tendrá el presidente electo Daniel Noboa en su relación con el Consejo de Comunicación y la protección a periodistas?

El primer reto que tiene será incrementar el presupuesto para el mecanismo de protección a periodistas, que es para garantizar la vida de los periodistas. Segundo, buscar la estabilidad de las carteras del Estado para que las personas que estén al frente del mecanismo sean personas de carrera, y Gobierno que llegue tenga claro que no es algo político, sino algo técnico. Otro reto importante es robustecer el tema de la Fiscalía y la Unidad de Protección de Víctimas. Y, sin duda, lo que no se cumplió en este gobierno, que es poder desclasificar la información de los colegas de El Comercio; eso sería un paso importante para hablar de que quiere transparencia y que está a favor de los medios y de los periodistas.

¿Cómo cambió el Consejo de Comunicación tras la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Comunicación?

El Consejo de Comunicación ya no es institución que es parte del Ejecutivo, y esto es muy saludable. Ahora es un cuerpo colegiado que se tiene que activar independientemente del Gobierno de turno y ahora es independiente del tema político.

¿Con qué otros cambios se encontrará el presidente Daniel Noboa en lo que compete al Consejo?

El que ahora vamos a tener un mecanismo y que los organismos internacionales obligan al Estado a cumplir el tema presupuestario. Nosotros vamos a pedir una cita con el presidente electo Daniel Noboa, con la finalidad de poder mapearle la realidad de los colegas periodistas. Pasamos de tener, en el 2021, 62 alertas a tener, en el 2022, 256 amenazas, y en este año vamos 204 hasta la fecha. Nunca antes se ha vivido la salida de colegas por el riesgo, y esto sí es importante. Lamentablemente, estamos con un presupuesto prorrogado; pero, cuando hay voluntad política, cuando hay una sentencia y organismos internacionales, yo creo que es posible el poder poner por prioridad este tema.

Los plazos que fijó el Reglamento para la Ley de Comunicación ya están ocurriendo y algunos de los cambios coincidirán con la llegada del nuevo presidente.

Sí, para la segunda semana de noviembre esperamos tener todos los delegados de las otras instituciones para activar y presentar el mecanismo de protección a periodistas. Hay que entender que el Consejo de Comunicación es el pleno como tal, que ya lo tenemos, pero el mecanismo lo integran otras instituciones del Estado, como Ministerio de Defensa, del Interior, Cancillería, Fiscalía, un representante de los gremios periodísticos, y nosotros como Consejo tenemos que reglamentar cuál es la posibilidad de que, como van ellos a enviar su delegado, que ya se lo hizo, así que nosotros esperemos que para a mitad de la semana de noviembre tengamos ya el mecanismo.

¿Qué garantías dará este mecanismo a los trabajadores de la comunicación?

Todas las instituciones que van a participar tienen que dar obviamente las facilidades por un lado para poder articular ya los protocolos, el mapeo de riesgo, pero sobre todo también el acompañamiento en los casos particulares en los que hay amenazas a los colegas periodistas, sobre todo en el sector fronterizo. Hablamos no solamente de amenazas de muerte.

¿Qué papel tiene el Consejo de Comunicación en este mecanismo? ¿Ya han intervenido en casos recientes?

A partir del reglamento del 23 de agosto, ya es competencia de nuestra institución el poder interponer las denuncias directamente con Fiscalía, y ya estamos trabajando. Hace pocas semanas, en Bolívar tuvimos más de diez periodistas amenazados por grupos criminales, no querían presentar la denuncia y nosotros como institución lo hicimos. Hay otro caso muy delicado de Durán que logramos ya integrar al Sistema de Víctimas y Testigos, y otro caso en Esmeraldas en el que hay un desplazamiento forzoso. Otro periodista de Pastaza que salió del país y estamos trabajando con Cancillería y Acnur, pero necesitamos recursos; muchos periodistas no quieren acompañamiento de las instituciones del Estado... El propio reglamento obliga a que se den las facilidades para mejorar el mecanismo.

Gremios y sectores de la comunicación han cuestionado el reglamento por tener supuestos vacíos. ¿Cree que amerite reformarlo?

Si el presidente quiere tomar en consideración ciertos artículos que hacen ruido, tiene toda la voluntad de hacerlo, pero sí nos preocuparía que tomen decisiones frente al Consejo o al mecanismo que hagan que se pueda dilatar... No sería oportuno trastocar el tema del mecanismo que nos ha costado tantos años poder aterrizarlo. (I)