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El pleno de la Asamblea Nacional se instalará el 17 de noviembre. Foto: Cortesía. Foto: SANDOVAL

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Este viernes 17 de noviembre se iniciará oficialmente el trabajo de los 137 nuevos legisladores, con la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, en la que se elegirá al presidente, vicepresidentes y vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Más allá de las ofertas de campaña que cada uno hizo y las iniciativas que impulsará el presidente electo Daniel Noboa, como la reforma tributaria, los asambleístas heredarán cientos de proyectos de ley pendientes, juicios políticos que quedaron en suspenso, sin contar los acuerdos comerciales que requieren del visto bueno del Parlamento y los vetos que dejará el presidente saliente Guillermo Lasso.

El Parlamento tendrá menos de dos años de gestión, ya que se completará el periodo de la Asamblea disuelta por la muerte cruzada (2021-2025).

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Aquello advierte que los legisladores no alcanzarán a procesar todo en tan corto poco tiempo, así que nuevamente quedarán temas rezagados; algunos proyectos de ley llevan años sin terminar de ser tramitados.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que dentro de 60 días, contados desde la posesión del presidente o presidenta de la Asamblea, se debe presentar una agenda parlamentaria anual, la cual será construida con los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las diversas bancadas.

La agenda revelará las prioridades acordadas en las negociaciones entre las diferentes bancadas y el gobierno de Daniel Noboa. Si se cumple el plazo que estipula la ley, la agenda podría estar lista en febrero; sin embargo, la agenda podría definirse antes considerando las urgencias que tiene el país y el poco tiempo que tendrán en funciones la Asamblea y el Gobierno.

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Leyes pendientes

Hasta antes de la muerte cruzada, activada el 17 de mayo de 2023, se presentaron 573 proyectos normativos entre 2021 y 2023, de los cuales apenas el 10 % fueron aprobados por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate y solo el 5 % terminaron siendo publicados como leyes de la República, de acuerdo con un informe del Observatorio Legislativo.

Entre los temas que quedaron pendientes está la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan actuar con la Policía Nacional en la seguridad interna, proyecto de Ley de Gestión de Riesgos, proyecto de Ley de Seguridad Privada, Ley de Minería, Código de la Niñez, Código de Salud, Código de Trabajo, reformas a la Ley de Seguridad Social, reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), por mencionar algunos casos.

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Procesar cientos de leyes pendientes y lograr consensos mínimos son los principales desafíos de la nueva Asamblea Nacional

Juicios políticos en suspenso

Los asambleístas que conformen la Comisión de Fiscalización tendrán que conocer y resolver más de una decena pedidos de juicios políticos a funcionarios y exfuncionarios, que no se pudieron tramitar por la disolución de la Asamblea Nacional.

Lo particular de estos casos es que la mayoría de los interpelantes no integran la actual Asamblea; solo una proponente fue reelegida en el cargo, la asambleísta de Pachakutik, Sofía Sánchez.

Cuando no existen asambleístas interpelantes en un juicio político, según los precedentes registrados en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización conoce la solicitud y verifica que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, esto es, que el pedido cuente con la firma de al menos una cuarta parte de sus miembros en el momento de su presentación. Y si no existe interpelante, la Comisión de Fiscalización solicita al pleno de la Asamblea que nombre a un legislador para ser el nuevo interpelante.

Los juicios políticos pendientes se sustentan en acusaciones por incumplimiento de funciones y arrogación de funciones, en contra de:

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  • Cuatro vocales y un exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE): Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente), José Cabrera y Esthela Acero; y el exconsejero Luis Verdesoto.
  • Cuatro exministros de Guillermo Lasso (Diego Ordóñez, Patricio Carrillo, Paola Flores y Darío Herrera).
  • Dos vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo y Juan José Morillo.

Más de una docena de juicios políticos sin interpelantes esperan a la recién electa Asamblea Nacional

Vetos presidenciales

Antes de dejar la Presidencia de la República, Guillermo Lasso enviará a la Asamblea Nacional “un chorro de vetos” de leyes que fueron aprobadas por el pleno. Así lo reveló el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en una entrevista radial. El ministro no precisó mayores detalles de las normas vetadas que entregará el mandatario.

Una de las objeciones que deberán tratar los nuevos legisladores es el veto parcial, por inconveniencia, a la Ley de Salud Mental que Lasso emitió el 7 de junio, cuando la Asamblea ya había sido disuelta.

El proyecto de ley fue aprobado por el pleno el 4 de mayo de este año, una semana antes de la muerte cruzada. El gobernante envió el veto parcial al administrador general del Legislativo encargado, Miguel Pesántez.

El Decreto 741, con el que se aplicó la muerte cruzada, se establece que no se interrumpían los plazos del Ejecutivo para presentar sus observaciones a proyectos de ley, 30 días desde su aprobación. (I)

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