Con media hora de retraso y con cuatro suplentes de los siete asambleístas que llegaron para instalar la sesión, la Comisión de Fiscalización recibió al presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, dentro del proceso de investigación del caso Purga, aunque aún no está aprobado el plan y el cronograma que seguirá la mesa en su propósito de descubrir los nexos de la narcopolítica con la justicia.

La comisión la conforman nueve asambleístas, pero para instalar la mesa en la sesión del 13 de marzo llegaron solo siete, entre los que cuentan tres legisladores principales de la bancada de la Revolución Ciudadana, los demás enviaron a sus suplentes: Lenin Rogel (PSC), principalizó a Dennis Garcés; Luis Alvarado (ADN), envió a Tamara Zambrano; César Umajinga (SUMA-ADN), fue reemplazado por Cristina Chávez; y, Ramiro Vela, estuvo representado por Pamela Guadalupe (ADN).

Apenas instalada la sesión, la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre (RC), señaló que es evidente el reparto de la justicia y la desinstitucionalización de la justicia. Y que el Consejo de la Judicatura, en lugar de ser un soporte y control disciplinario para los jueces, se convirtió un ente que no dijo absolutamente nada y que eso tiene que cambiar. “Confiamos que con su administración y su presidencia eso cambie”, reiteró.

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Aguirre quiso entrar directamente a las preguntas al presidente de la Judicatura, para conocer el diagnóstico de lo que ha visto Román respecto a las evaluaciones de jueces, notarios y fiscales y además saber cuál es la solución que propone dentro de su gestión, junto a los demás vocales, para poder cambiar “está terrible” percepción de justicia que tiene el país, dijo.

Álvaro Román, antes de contestar, sugirió ordenar su comparecencia y solicitó que primero se permita exponer la información del caso, para que los comisionados tengan un contexto, con lo cual reculó Aguirre y pidió que primero informe del caso en la mesa para luego sí ir con las preguntas.

Román ocupó gran parte de su exposición para anunciar que, hasta este fin de semana, el Consejo de la Judicatura iniciará con sumarios administrativos en contra de los siete jueces que están involucrados en el caso Purga; para ello, dijo que una comisión técnica de la Judicatura viajó a la provincia de Guayas, recabó información y encontró indicios de irregularidades en el manejo de los despacho de esos jueces.

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El funcionario también dijo que solicitó al contralor general del Estado el inicio de exámenes especiales para todos los jueces de Guayas, así como también una auditoría especial a la delegación provincia del Consejo de la Judicatura.

Román habló que la directora del Consejo de la Judicatura en la provincia del Guayas, Mercedes Villaruel, como una especie de blindaje a los jueces en esa jurisdicción, archivaba los trámites y denuncias de declaratoria jurisdiccional previa, y como no llegaba al Consejo Nacional no se conocía.

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En medio de su exposición ingresó a la sesión de la mesa la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), para comentar que no hubo procesos de evaluación a los jueces en periodos anteriores y preguntó si hay algún informe en el Consejo de la Judicatura, justificando que no se accionó en la evaluación. Román se limitó a señalar que no conoce las razones de por qué no actuaron, que él solo puede responder por lo que el pleno va a hacer en cuanto a la evaluación y los concursos para renovar jueces.

Veloz pidió información respecto de en qué presidencia de la Judicatura se designó a los siete jueces implicados en el caso Purga. De los datos proporcionados se determinó que uno fue elegido en la administración de Gustavo Jalkh, tres en la administración de María del Carmen Maldonado, dos cuando era presidente de la judicatura Wilman Terán y uno en la presidencia de Fausto Murillo Fierro.

Como conclusión, Veloz afirmó que la mayoría de jueces implicados en el caso Purga fueron colocados dentro de los periodos de Fausto Murillo, Wilman Terán y de María del Carmen Maldonado. Pero, el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, la interrumpió para aclarar que ellos responden al banco de elegibles del 2018, cuyo concurso lo realizó Gustavo Jalkh.

La legisladora de la RC también preguntó sobre cuántas solicitudes remitió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para realizar la evaluación de fiscales. Román indicó que son varias, que en abril de 2023 se hizo una solicitud y que verbalmente también lo solicitó; pero eso no contentó a la legisladora Veloz y preguntó si antes hubo otras solicitudes y no tuvo respuesta.

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Veloz dijo que la investigación sobre el caso Purga no solo debe ser en la provincia de Guayas, sino también para Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Manabí, Esmeraldas, porque hay represadas acciones y denuncias en contra de malos elementos del sistema judicial, donde incluso tienen una tabla para cobrar coimas.

Román indicó que se ampliará la información a varias provincias porque está llegando información y la gente empezó a perder el miedo, y que buscará un mecanismo legal para hacerlo a nivel de provincia. Anunció que el próximo lunes visitarán las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas con los equipos técnicos se realizarán los levantamientos de información y se pedirá a la Contraloría ampliar la hoja de trabajo.

El presidente de la Judicatura dijo que posee información de casos de corrupción en Manabí que lo dejan muy preocupado, lo malo es que no tiene las mismas herramientas como la Fiscalía, como las escuchas telefónicas y agentes encubiertos.

Durante la comparecencia, la legisladora Sofía Espín (RC) pidió información respecto a quién pidió la vinculación de María Josefa Coronel a la Judicatura del Guayas, y Román señaló que fue María del Carmen Maldonado. Luego, Espín solicitó información si Coronel hizo alguna denuncia sobre los hechos de corrupción y tampoco obtuvo una respuesta positiva.

Las legisladores suplentes también participaron en la comparecencias para pedir información sobre el presupuesto del Consejo de la Judicatura y aprovecharon para desearle lo mejor al presidente Álvaro Román y dijeron que “le dan ánimo y que ponga esa fuerza de voluntad de querer hacer el cambio y trabaje por el bien de los ecuatorianos”, anotó la legisladora alterna Cristina Chávez.

La presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, cuestionó que el ex presidente de la Corte Provincial del Guayas, Hugo González, no haya comparecido; pero resaltó que con la presencia de Álvaro Román en la mesa queda claro que durante cinco años ha existido impunidad en la justicia, no hubo control disciplinario y tampoco se han realizado los concursos de jueces y fiscales, y que existen 340 vacantes.

La Comisión aún no tiene un calendario de comparecencias y tampoco las fechas para la comparecencia del exasambleísta Pablo M. involucrado en el caso Purga, tampoco se conoce cuándo se instalarán para seguir tratando este caso de fiscalización. (I)