El ingreso de una fuerza policial ecuatoriana a la embajada de México en Quito, en la noche del 5 de abril, llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a romper relaciones con Ecuador y a denunciarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que violó el derecho internacional y su soberanía.

En la demanda se solicita que se respete el derecho al asilo, así como la suspensión del país sudamericano ante las Naciones Unidas hasta que no haya una disculpa y un compromiso de no repetición.

Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa Azín sostiene que México fue el primero en saltarse el derecho internacional, al contravenir la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, por otorgarle asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, que ha sido procesado y sentenciado por casos de corrupción.

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La CIJ ha citado a los dos países en el tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, para que presenten sus argumentos. El miércoles 30 de abril estará México, que ha solicitado medidas cautelares contra Quito, y el jueves 1 de mayo, Ecuador.

Luis Gallegos, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en el régimen de Lenín Moreno, explica que lo presentado por el país norteamericano es un requerimiento a la Corte para iniciar procedimientos de acuerdo a la Convención de Relaciones Diplomáticas.

En esa petición que México hizo, especifica, pidió medidas cautelares contra Ecuador, lo que significa también medidas provisionales para el requerimiento con cierta urgencia. Apuntó que lo que se va a discutir en la Corte esta semana son los cuatro puntos de las medidas solicitadas. Estas son:

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  • Que el Gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra.
  • Que el Gobierno de Ecuador permita que el Gobierno mexicano desaloje los locales diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos.
  • Que el Gobierno de Ecuador garantice que no se adopten medidas que puedan causar perjuicio de los derechos de México, respecto de cualquier decisión que la Corte pueda dictar sobre el fondo.
  • Que el Gobierno de Ecuador se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia.
La Corte Internacional de Justicia en La Haya, en foto de archivo. EFE/David Morales Urbaneja Foto: David Morales Urbaneja

Gallegos detalla que luego de la decisión de la Corte respecto de las medidas provisionales vendrá “la presentación de otras, lo que se referiría a la parte sustantiva, donde ambas partes tienen que presentar sus posiciones en base a las convenciones internacionales y las normas del derecho internacional”.

En su experiencia, Gallegos sostiene que Ecuador debería tener una representación “muy profesional y con mucho conocimiento” de lo que se litiga en la CIJ, por cuanto en La Haya se litiga en francés y en inglés.

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Señala que el representante que sea nombrado por el gobierno ecuatoriano debe también formar parte de alguno de los bufetes de abogados prestigiosos que tenga experiencia en la litigación en la CIJ, y dominio en el Derecho Internacional y de las leyes que se argumentan.

Sugiere que tiene que ser un equipo como el que contrató Ecuador para llevar el caso ante la CIJ por las fumigaciones aéreas con herbicida tóxico sobre las plantaciones de coca en territorio ecuatoriano, en el reclamo a Colombia. Entonces, el Estado contó con el abogado Paul Reichler, de la firma Foley Hoap LLP.

Por último recomienda que el Estado debe armar una estrategia de comunicacional internacional para hacer conocer las razones por las cuales ha tenido que “lamentablemente” tomar esta decisión. “Hay que tener una posición clara que permita una estrategia país”, dice.

En tanto que Para Francisco Carrión, exembajador de Ecuador en México en el mandato de Guillermo Lasso, el panorama no es alentador para nuestro país.

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Cree que el gobierno mexicano va a ser “muy duro, muy firme, muy exigente” por el contexto político interno, porque está en campaña electoral, y por la actitud que ha tenido López Obrador.

“Se irá con todo contra el Ecuador, y veremos lo que el Ecuador tiene que responder. Ahí es donde veo yo la parte débil, porque el Ecuador no tiene argumentos para defender lo que hizo con la incursión en la embajada de México en Quito”, avizora.

Menciona que la incursión de la Policía ecuatoriana en la embajada de un país no es concebible. “Entonces, las posibilidades de que el Ecuador se defienda con éxitos son nulas, a mi juicio. Intentar salir a ganar es imposible, porque estás en un Tribunal judicial que se rige por las leyes, y las leyes están del lado de México, por tanto, nuestra posibilidad de tener una posición ganadora es, a mi juicio, imposible”, subraya.

Carrión considera que lo dicho por el presidente Noboa sobre que México fue el primero en saltarse el derecho internacional al contravenir la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático es una posición “muy débil” del Ecuador frente “a la incursión por la fuerza, por la violencia, con que actuaron las fuerzas del orden del Ecuador” el pasado 5 de abril en el local diplomático de México en Quito.

Por su parte, el analista internacional Michel Leví, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, considera que el Ecuador tiene que salir a defender su posición ante la CIJ con el argumento de que México al conceder asilo político a una persona que tiene causas penales ejecutoriadas, también ha violado la Convención sobre Asilo de 1954.

Tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril, se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Foto de Archivo Foto: GETTY IMAGES

“Hubo una acción del Estado para proteger también esos intereses, toda vez que había en la embajada una persona que tenía cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana y que, en ese caso, no fue un asalto premeditado, no fue un asalto con una intención de ofensa al gobierno mexicano, sino básicamente de evitar que una persona procesada de la justicia ecuatoriana pueda escapar”, describe.

Leví señala que la lógica de la presentación del Ecuador tiene que ir en función de defender su interés y también de reconocer que hubo un hecho indebido.

Incluso menciona cita que algunos especialistas en materia de jurisdicción internacional señalan que el Ecuador debería hacer una contrademanda a México por los aspectos que originaron los hechos que terminaron en la “invasión” a la embajada mexicana.

Explica que en la contrademanda se pudiese plantear que el Ecuador reaccionó ante una clara injerencia del gobierno mexicano con la declaración que hizo Manuel López Obrador que afectaba a su estabilidad política.

“Obviamente el Ecuador tendrá que presentar todos los argumentos que dan como resultado que al final se haya dado este desafortunado hecho de la invasión de la embajada, decir que no es un hecho aislado, sino que ha habido unas declaraciones que en primera instancia afectaron a la estabilidad del Estado ecuatoriano, de su gobierno, y que al final dieron como resultado saber que el gobierno mexicano a esta persona que la tenía como huésped dentro de la embajada (se refiere a Jorge Glas) le otorgue el asilo político”, sostiene Leví.

Para el analista, Ecuador debe poner sobre la mesa temas como el uso indebido de la embajada por parte de México para albergar a una persona que tiene una cuenta pendiente con la justicia ecuatoriana.

Leví, al igual que Gallegos, recomienda que el Estado ecuatoriano tiene que nombrar a un representante que maneje temas judiciales ante la Corte, que sea especialista en derecho internacional y en litigio ante la CIJ. Se anima a pensar que tendría que ser alguien del nivel del excanciller Diego Cordovez (+), quien fue el agente del proceso judicial del caso por Ecuador en la demanda a Colombia. (I)