La tarde del 28 de junio, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió la audiencia de juicio contra el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero; su exasesora, Cecilia Santillán; el exagente operativo de Contrainteligencia, Walter Olalla; el excoordinador general de Contrainteligencia, Fernando Garzón; y, Juan de Dios Lozano, excoordinador de Gastos Especiales. Ellos son procesados por el delito de peculado dentro del denominado caso Caminito.

En la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó como autores del delito de peculado a Romero, Santillán y Garzón, mientras que señaló como cómplice a Olalla.

Toainga solicitó que se imponga a los cuatro procesados el pago de $ 162.546 como reparación integral, el cual deberá dividirse de acuerdo con el grado de participación que tuvo cada uno. También pidió que se ordene el decomiso de sus bienes, así como el dinero que posean en las cuentas que tengan en el sistema financiero. Además, requirió que a cada uno se le imponga una multa de $ 120.000.

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La Fiscalía también pidió al Tribunal que la publicación de la sentencia en la página web del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y en dos medios de circulación nacional, así como las respectivas disculpas públicas por parte de los acusados.

Durante su alegato, Toalinga expuso que los fondos abusados estaban destinados a la defensa nacional. Aseguró que por parte de Romero y los tres exfuncionarios no hubo el correspondiente seguimiento, control y verificación de la ejecución y pagos para la fuente humana conocida como “el ruso”, cuya identidad estaría en duda.

El fiscal señaló que una vez autorizados los pagos por Romero, la coordinación de gastos especiales entregaba el dinero en efectivo a Santillán, quien a su vez debía entregar a Olalla para que él pague a la fuente humana.

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Olalla realizó cinco viajes a Uruguay entre 2013 y 2014 con motivo de cancelar a “el Ruso” por sus servicios, lo cual se corroboró, dijo Toalinga. El acusado tenía formatos de recibo de pago al informante en 2013 y 2014 por: $ 10.000, $ 63.621, $ 19.500, $ 13.877, y $ 14.700.

Sobre la situación de Lozano, el fiscal subrogante retiró la acusación inicial, con el argumento de que si bien él entregó dineros en efectivo, que fueron autorizados por Pablo Romero, no estaba obligado a supervisar la ejecución de la operación Caminito, mantener el control o informar.

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“Su intervención no fue en el ámbito misional. De acuerdo al principio de compartimentación, no pudo tener acceso a información sensible y secreta que sí tuvieron acceso los otros implicados. La Fiscalía retira la acusación inicial”, manifestó el fiscal.

Juan Carlos Perea, abogado defensor de Pablo Romero, replicó que la perito que realizó el examen pericial en el cual se basa Fiscalía no cuenta con la experiencia para analizar cuentas secretas.

La investigación del caso partió por un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, como resultado de un examen especial realizado a la Senain entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013.

Perea expuso que por tratarse de una operación secreta solamente Romero sabía con exactitud de lo que se trataba. Refirió que la prueba documental refleja anexos e informe de Contraloría, más actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), y un informe del exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, revelan que la operación no duró solamente el período analizado en el examen especial, sino que estuvo vigente hasta febrero de 2014.

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“Inclusive el Fiscal lo acabó de decir en el alegato y también lo dijo la perito”, reiteró el defensor de Romero y cuestionó que en los propios anexos de Contraloría se conoció que hubo pagos que se hicieron al “Ruso”, denominado Edward Soler, entre septiembre de 2013 y febrero de 2014.

“La pregunta es: ¿por qué el contralor (Carlos Polit) no emitió un informe de responsabilidad penal en esos trimestres? Solo él podía aclarar por qué. Él era fuente de prueba, a través de su testimonio era un medio probatorio y Fiscalía no lo trajo”, manifestó Perea.

Tras escuchar los alegatos de cada parte involucrada, por más de tres horas, el juez ponente Marco Rodríguez (ponente) manifestó que se declaró concluida la fase de debate del caso. El Tribunal, que también está integrado por los jueces Julio Arrieta y Javier Cordero, analizará todas las piezas y argumentos presentados y en los próximos días señalará la fecha y hora para dar a conocer la resolución sobre el caso. (I)