Uno de los problemas estructurales en las zonas rurales es el bajo nivel de ingresos, lo que empeora cuando se reduce lo que se paga por el jornal diario en los cultivos.

El 71,4 % de las población económicamente activa de la ruralidad del país laboraba en julio pasado en el sector agropecuario y minas, que tiene un nivel de salarios bajo.

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A ello se suma que los puestos de trabajo dependen del ciclo productivo de la tierra, de ahí que son empleos temporales. Además, el costo del jornal por día se redujo de 12 a 10 dólares por trabajar desde las 06:00 hasta las 12:00, un periodo de seis horas, dice Esteban Daza, coordinador del Observatorio del Cambio Rural.

En muchos de los casos incluía el desayuno, ahora entiendo que ya no. La mayor parte se dedica a la agricultura, pero hay una falta de acceso a los insumos por parte de algunos productores porque sus costos se incrementaron. El precio de la urea se duplicó y también han bajado los niveles de productividad por efectos del cambio climático”, afirma Daza.

Los bajos ingresos generan vulnerabilidad e impacta los datos de migración interna, ya que se da una movilización de estas personas hacia las zonas urbanas. “Hay una falta de atención del Estado en servicios básicos. Desde el 2014 se ha dejado de invertir en política pública agraria y de servicios sociales, lo que genera un aumento del porcentaje de pobreza. Todo empeoró debido a la crisis económica profundizada por la pandemia”.

No hay una política que garantice los precios mínimos de sustentación de la producción, indica Daza.

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Ante la ausencia estatal, la población más joven es proclive a ser reclutada por las bandas delincuenciales cuyas rutas para el tráfico de drogas y de armas atraviesa las zonas rurales. “En los últimos diagnósticos hemos detectado, sobre todo en la región Costa, la presencia del narcotráfico”, dice Daza. “Lo que pide el sector campesino es más acción para la protección de sus tierras ante los despojos de estas por parte de las bandas”.

La generación de política social será clave para el próximo régimen y así evitar que la juventud sea parte de las rutas del narcotráfico. En ese caso, los territorios se utilizan como centros de acopio del alcaloide.

Hay menos tierra sembrada, lo que impacta la producción ya que el rendimiento por hectárea es bajo

En algunas zonas agrícolas del país se aplica la subsistencia. Foto: Marcelino Rosario Marcelino Rosario

La superficie en uso agropecuario se redujo el 2,3 % del 2021 al 2022, lo que evidencia un menor nivel de producción.

El área con cultivos transitorios es lo que más disminuyó (-5,7 %), seguido por los permanentes (-4 %) y los pastos sembrados (-2,3 %).

La producción del 2022 de los cultivos totales fue de 23,1 millones de toneladas métricas (TM), mientras que en 2021 se alcanzó las 27,4 millones de TM. Tampoco se equipara aún con lo que hubo en 2019, el año de la prepandemia (24,4 millones de TM).

En los cultivos permanentes se incluye a la caña de azúcar, banano, palma africana, plátano, cacao, piña, entre otros, (ordenados por nivel de producción), que son los que dejan mayor rédito económico.

Los principales sembríos transitorios son el maíz (duro y suave), arroz, papa, brócoli y la yuca.

La política de otorgar créditos o de condonación de deudas es recurrente en las zonas rurales del país, dice José Salazar. profesor de la Universidad Internacional SEK y experto en cambio de uso de suelo y cobertura vegetal.

Si bien son necesarias e importantes, no han sido suficientes para reducir los niveles de pobreza del campo ecuatoriano, que están por encima del registrado en las zonas urbanas.

En las campañas electorales se suele dejar de lado la problemática rural y la desigualdad que persiste respecto al desarrollo y calidad de vida de las ciudades. “Ven a las zonas rurales como un lugar poco importante para vender su candidatura, por eso las propuestas no tienen tanto peso y los servicios siguen siendo deficientes. No se ahonda en la problemática del agro”, dice Salazar.

En el tema de seguridad, por ejemplo, hay falencias ya que los miembros de la policía están dispersos en el territorio. “Esto complica la vigilancia”.

No se trata también a profundidad las posibles implicaciones que puede acarrear el Fenómeno de El Niño anunciado para finales de este año. Su impacto puede empeorar aún más las cifras de empleo precario y de pobreza en la ruralidad.

La población rural está extremadamente pauperizada, es decir, con mayores niveles de pobreza por ingresos y de necesidades básicas insatisfechas, agrega Daza.

La pobreza por ingresos deficientes va en aumento en la ruralidad. El 46,4 % de sus habitantes eran pobres por ingresos en junio del 2023, pero este porcentaje llegaba al 42,9 % de la población del campo en el mismo mes del 2022.

Es decir, en un año aumentó casi 4 puntos porcentuales. Una persona es parte de la pobreza por ingresos si es que vivía con menos de 89,29 dólares al mes en junio de 2023.

El número de personas que ganan por debajo de la línea de pobreza en las áreas rurales del país suma 2′693.210 en junio pasado. Son 235.820 más que en junio del 2022 y 282.124 más que en el mismo mes del 2019, antes de la pandemia.

La pobreza es ligada en parte a que la producción del campo tiene un precio volátil, pero además, asegura Salazar, está el tema de la reducida productividad y la falta de capacitación para hacer uso de la tierra. “Si bien los campesinos conocen cómo trabajar en sus terrenos por la tradición, pero a veces lo hacen con técnicas que no son las mejores o las más apropiadas para el lugar donde cultivan”.

Al final terminan en cultivos de subsistencia que satisfacen en parte las necesidades alimenticias de la familia, pero sin dejar recursos para otro tipo de gastos en educación, salud, mejoramiento de la vivienda o de la infraestructura de la finca.

Hay menos personas con empleo en las zonas rurales

La última estimación del Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que en las zonas rurales del país había 2′831.590 personas con empleo en julio pasado. Son 21.893 trabajadores menos que en el mismo mes del 2022.

Del total de población rural, 3′956.279 conforman la población en edad de trabajar, es decir, tienen 15 años o más. Pero no todos ellos son finalmente parte del mercado laboral.

El 27 % de los que tienen edad para trabajar no tienen un empleo ni tampoco lo buscan por lo que integran la Población Económicamente Inactiva (PEI), que suma a 1′087.502 pobladores del campo.

El 73 % de los que tienen 15 años o más son parte del mercado laboral, ya que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), personas que tienen empleo o lo buscan. En las zonas rurales estos últimos suman 2′868.777.

De la PEA rural, 33,6 % tienen un empleo no pleno, es decir, ganan menos del salario mínimo (450 dólares), según las últimas cifras del INEC correspondientes a julio pasado. El 22,5 % realiza una actividad laboral sin recibir remuneración y el 24,7 % está en el subempleo. Apenas el 17,8 % posee un empleo considerado adecuado porque obtiene un ingreso igual o superior al sueldo mínimo.

Si bien la tasa de desempleo es del 1,3 %, que implica que 37.187 habitantes de las zonas rurales han buscado trabajo sin encontrarlo en julio de 2023, la mayor parte de las personas tienen una ocupación precaria, ya sea por insuficiencia de ingresos o de tiempo laborado.

El nivel de precariedad laboral en las zonas rurales está por encima del que se registra en las áreas urbanas.

Un ejemplo es el ingreso promedio laboral. Para los que trabajan en las ciudades es de 494,5 dólares, para los que laboran en la ruralidad es de 307,2 dólares, en julio pasado.

La pobreza por ingresos afecta al 46,4 % de la población rural, mientras que el 18 % de los habitantes de las zonas urbanas están en esa condición.

Uno de los problemas principales, dice Salazar, es la falta o la desigualdad en el acceso a los recursos para producir como el agua y la tierra.

“Hay que mejorar también la calidad de los insumos para el agro y garantizar su acceso, que no sean tan costosos, en miras de mejorar el rendimiento por hectárea”. (I)