Contradicciones entre la comunidad waorani de Dicaro y Petroecuador sobre fin a protesta en los bloques 16 y 67

Tras más de 50 días de protestas, desde que el 25 de diciembre del 2022 la comunidad waorani de Dicaro inició una resistencia pacífica en su territorio, en las zonas de influencia de los bloques 16 y 67, en la provincia de Orellana, existen contradicciones entre esta comunidad y Petroecuador.

La protesta se debe a la supuesta contaminación causada por la empresa Repsol-Petrolia y al ingreso no consultado de Petroecuador al territorio ancestral de la comunidad waorani de Dicaro.

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La petrolera estatal aseguró, a través de un comunicado, que la medida había finalizado tras una mesa de trabajo desarrollada el 14 de febrero con miembros de la comunidad y luego de varios diálogos con equipos multidisciplinarios del Ministerio de Energía y Minas, de Petroecuador y otras entidades; la comunidad waorani de Dicaro aclaró que la medida continúa.

“Aclaramos que no hemos levantado nuestra protesta, hemos acordado un plazo de tres días para que Petroecuador pueda revisar sus instalaciones petroleras y además levantar la información de nuestras necesidades básicas insatisfechas e ingresar con los ministerios y demás responsables para atender nuestras peticiones. Nosotros somos un pueblo que valora la palabra, veremos si Petroecuador la cumple”, sostuvo la comunidad mediante un comunicado, en el que advierte que si la estatal no cumple lo acordado se reactivará la protesta.

Rechazaron también que la apertura al diálogo haya sido el resultado de una mesa de trabajo o gestión de una comisión multidisciplinaria del Ministerio de Energía y Minas, Gobernación de Orellana o Petroecuador. “Este acercamiento entre la comunidad Dicaro y Petroecuador fue nuestra iniciativa en vista de la incapacidad de dar respuestas concretas por parte de las instituciones señaladas”, añadió la comunidad, que aseguró que el 12 de febrero se contactaron directamente con funcionarios de la petrolera para proponer la reunión que se desarrolló en su territorio.

Desde el inicio de la protesta la comunidad demandó al Estado que transparente toda la operación de la empresa privada que operó los bloques 16 y 67 que fueron revertidos al Estado el 31 de diciembre del 2022, tras cumplirse el plazo contractual, Petroecuador asumió la operación el día siguiente.

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Entre otros pedidos, la comunidad solicitó que se inicien acciones legales y administrativas por las supuestas violaciones a los derechos del pueblo waorani afectado por la empresa Repsol-Petrolia; y a Petroecuador que entregue la información de toda la operación y planes de la empresa estatal en el bloque 16, así como los posibles beneficios que representará la continuidad de la explotación petrolera a la comunidad.

En tanto, Petroecuador aseguró que tras hacerse cargo de las operaciones de los bloques 16 y 67 desde el 1 de enero del 2023 mantuvo e incrementó la producción hasta el 11 de febrero pasado, cuando el cierre de una válvula generó una importante baja. Esta empresa pública proyectaba que con el levantamiento de la medida se recupere paulatinamente la producción.

Mientras, los comuneros en su respuesta no se refirieron al supuesto cierre de la válvula que indicó Petroecuador, pero sí denunciaron que durante los 50 días de protestas han “sentido la presión de todo el aparataje del Estado, desde sobrevuelos de la Policía, ingreso de uniformados, cortes de energía, cortes de agua entubada, división de la comunidades”. Todo esto en contra de 300 personas que habitamos la comunidad waorani de Dicaro, agregaron. (I)