Con la presencia de los abogados de algunos de los 17 sospechosos, del fiscal encargado, Luis Peña, porque la titular, Claudia Romero, tiene COVID-19 y una nueva jueza, Nelly Parrales, quien es la tercera en este caso, se dio este lunes una diligencia reservada en la Policía Judicial de Guayaquil.

En la cita se esperaba realizar la apertura y extracción de las evidencias recopiladas en los allanamientos que se han dado alrededor del caso de delincuencia organizada que investiga la Fiscalía General del Estado para descubrir cómo se otorgaban de forma irregular convenios de pago con sobreprecio en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Entre las evidencias que se iban a revisar estaban las bitácoras del edificio Colón, donde supuestamente el expresidente del directorio del IESS Paúl Granda, quien está vinculado, se habría reunido con otros sospechosos.

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En este caso se investiga a los hermanos Michel, Jacobo y Dalo Bucaram Pulley, a la esposa de este, Gabriela Pazmiño, a los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla y a varios funcionarios y empresarios que, según la tesis de la Fiscalía, se habrían beneficiado de los convenio de pago para la venta de insumos.

El abogado Carlos Luis Sánchez, quien defiende la exgerenta del hospital de Los Ceibos Paola M., se retiró de la diligencia a los pocos minutos de instalada. Aseguró que se intentaba validar copias de las bitácoras y que varias de las pruebas electrónicas ya habían sido abiertas antes de ese encuentro.

En la diligencia, en la que participaron varios peritos de Criminalística, se planeaba la apertura de computadoras y búsqueda de información relacionada con el caso en el que el 28 de noviembre termina la instrucción fiscal. (I)