Después de convocadas las elecciones generales del 2021, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, exige al ministro de Finanzas, Richard Martínez, la asignación inmediata de recursos para el desarrollo del proceso electoral o advierte con denunciarlo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

"Ministro, solicito que disponga a quien corresponda se entregue de manera inmediata los recursos financieros y de esta manera no poner en riesgo el normal desarrollo y funcionamiento del proceso y su calendario electoral", cita una carta enviada a Martínez la tarde de ayer.

Y agregó que la asignación de fondos insuficientes "podría constituir una clara intromisión y obstaculización al proceso electoral (...) que puede ser motivo de sanción para el personal directivo y operativo del ministerio".

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El Consejo se declaró en periodo electoral hace cinco meses (el 12 de marzo) y 20 días antes de convocar a los comicios, Atamaint sometió a aprobación el presupuesto operativo electoral (POE) de $114,3 millones.

El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, ya advirtió en un análisis sobre el cronograma electoral, que la aprobación del presupuesto llevaba 168 días de atraso.

Finanzas considera que ese valor es alto, y en los últimos doce días han mantenido reuniones conjuntas para reducirlo, pero hasta ahora se desconoce cuál es el presupuesto final con el que se harán los comicios.

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Por la urgencia de la designación de las Juntas Provinciales Electorales (JPE) y del Exterior para que tramiten las inscripciones de candidaturas desde ayer, Finanzas les asignó $1,35 millones para la contratación de 125 de sus miembros y 25 secretarios. Se había optimizado el 15 %.

Pero ayer, el consejero José Cabrera reclamó que el ministerio de forma "unilateral" redujo los salarios de este personal; y anticipó que presentará al pleno un pedido para denunciar ante el TCE a Martínez por obstaculizar el proceso.

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Finanzas informó que el Ministerio del Trabajo emitió dictamen para la contratación de estos vocales y "recomendó la variación de escalas remunerativas".

Las Juntas fueron designadas el 17 de septiembre, y en unas provincias cuentan con menos de cinco vocales o no están integradas con el requisito de paridad de género.

La juntas de las provincias con mayor número de electores, como Guayas está integrada por Katty Chávez, funcionaria del Consejo y también fue coordinadora de mesa en las elecciones seccionales del 2019; Daniela Verduga, Julio Candell, que fue director de Procesos Electorales en la delegación electoral de la provincia, y exvocal de junta en el 2019; al igual que Lucio Alarcón.

Para la de Manabí se designó a Kléber Muñoz, funcionario municipal de Pedernales; Juan Pablo Ruiz, técnico en el Ineval; Fernando Garay, docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; y, Gladys Santos.

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En Pichincha están Rafael Carpio, Carlos Espinoza, José Castaño Icaza y Dennis De la Cruz, esta última laboró en el despacho de la consejera Esthela Acero.

Las JPE y el pleno del CNE están a la espera de la documentación de 16 precandidatos a binomios presidenciales, 100 precandidatos a parlamentarios andinos y 300 a asambleístas nacionales, que en conjunto con aquellos que aspiran a una curul provincial, el número asciende a casi 4300 precandidatos.

Los cinco consejeros se declararon ayer en sesión permanente para empezar la calificación de candidaturas.

Se instalaron a eso de las 10:00, pero no se registró ningún informe que conocer. Casi al mediodía llegó el nuevo binomio del movimiento Libertad es Pueblo, integrado por Juan Carlos Machuca Arroba y Cristóbal Luna Almeida.

Esto se dio tres días después de que la organización retiró la precandidatura de Esteban Quirola, acusándolo de pretender infiltrar al "correísmo".

El CNE deberá analizar si el nuevo binomio cumple los requisitos del Código de la Democracia o no está incurso en una de las "causales de negativa de inscripción" establecidas en el reglamento. (I)