Ermel Chávez, miembro del Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) y Pablo Fajardo abogado de la Unión de Afectados por Chevron Texaco (Udatp) rechazaron la decisión del Gobierno de proceder con la remediación de los pasivos ambientales o focos contaminantes que han permanecido por más de dos décadas en las zonas de Sucumbíos y Orellana, como consecuencia de la operación de Texaco (Chevron) y la estatal ecuatoriana Cepe.

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, anunció este martes que el Gobierno a través de Amazonía Viva arrancará este mismo año con esa remediación.

Pablo Fajardo en redes sociales calificó de repudiable la decisión: “Ese hecho es grave. Existe una sentencia de por medio que encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar el costo de remediación ambiental. Ahora el Estado, con dinero de todos nosotros, quiere remediar lo que dañó Chevron”, dijo.

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Según Fajardo, al parecer esta decisión refleja un posible acuerdo entre la petrolera y el Estado ecuatoriano. Lamentó que no se haya consultado a los afectados.

Ermel Chávez por su parte, aseguró que, de llevarse a cabo, sería la tercera traición que hace el Estado a los afectados de la contaminación. Explicó que en los años 90 se pactó una remediación incompleta por $ 40 millones que la hizo la petrolera privada. Para Chávez la segunda traición fue la que llevó adelante el Gobierno de Rafael Correa al haber permitido el pago de $ 112 millones que estaban embargados. Finalmente en este último caso, dijo que no se ha tomado en cuenta a los afectados para llegar a este acuerdo de remediación.

Por su parte, hace pocos minutos la petrolera Chevron envió un comunicado de prensa en el que indica que “las condiciones ambientales existentes en el área de la antigua concesión son responsabilidad exclusiva de la República de Ecuador y de Petroecuador, único operador desde 1990”.

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También asegura que en agosto de 2018, un tribunal internacional, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, emitió un laudo que concluyó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron se obtuvo mediante fraude, soborno y corrupción y se basó en reclamos ambientales que ya habían sido transados y liberados por la República de Ecuador años antes.

Chevron exhortó al Gobierno de Ecuador cumplir sus propias obligaciones ambientales pendientes desde hace mucho tiempo. (I)