El presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, ordenó ayer el inicio de la instrucción fiscal contra cuatro expolicías y dos civiles que estarían relacionados con una concurrencia de delitos (lavado de activos y enriquecimiento ilícito), dentro de un proceso que se desprende del denominado caso Pases Policiales, en el que se sancionó el delito de delincuencia organizada, se dijo.

La fiscal de Pichincha, Thania Moreno, en su formulación de cargos de ayer acusó a los cuatro expolicías, entre ellos, el excomandante general de la Policía Fausto Tamayo y Ernesto Montenegro, exoficial policial que se acogió a la figura de cooperación eficaz en el juicio por el delito de delincuencia organizada, y a los civiles Mariela P., pareja de Montenegro, y Martha M., madre de uno de los exuniformados procesados en este caso.

Según Moreno, Tamayo (a quien en 2016 se lo condenó por delincuencia organizada en este caso) debe ser procesado por una concurrencia de delitos, es decir, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; mientras que los cinco restantes investigados deben ser procesados por lavado de activos.

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Para los seis, el juez Arrieta ordenó la prohibición de salida del país, el uso del dispositivo electrónico, la presentación cada ocho días ante la fiscal de Pichincha durante los 90 días que durará la instrucción fiscal. Además se dará la retención de cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar los bienes de los implicados.

Informes de Contraloría en el caso de los exservidores públicos, análisis de movimientos financieros hechos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a los procesados y reportes de operaciones inusuales (ROI) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revelaría que los sospechosos mantendrían movimientos económicos que no han sido justificados y hace presumir que esos valores serían de transferencias y depósitos de la venta ilegal de pases policiales que hacían, se indicó. (I)