La posibilidad de que el Estado cobre una indemnización a Odebrecht por contratos obtenidos a base de sobornos enfrenta al menos tres realidades: que los procesos judiciales aún no concluyen, que solo en las sentencias los jueces fijarán los montos de reparación y que la empresa, como persona jurídica, no ha sido vinculada en ningún expediente abierto.

El primer estimado de indemnización, de $ 178,3 millones, fue hecho por el Servicio de Rentas Internas, pero es apenas una referencia para la Procuraduría General del Estado (PGE), encargada de exigir la compensación. “Esa es una determinación independiente... Es un ámbito diferente al de la reparación integral causada por un delito. Una cosa son las obligaciones tributarias de Odebrecht y otra los daños provocados por un delito”, explicó el procurador Diego García.

La estrategia inicial de la PGE para obtener una reparación está atada a las instrucciones fiscales abiertas (por lavado de activos, asociación ilícita y concusión). Antes de que se cierren, la PGE debe presentar una acusación particular, en calidad de víctima, por el mismo delito que investigó la Fiscalía y con una pretensión de resarcimiento económico.

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“Para la reparación se necesita de una decisión judicial. Las cantidades se fijarán de acuerdo con los hechos en cada proceso; en este momento no podemos hablar de un valor definitivo”, precisó el procurador.

¿Quién debe pagar la indemnización? Hasta la fecha solo han sido vinculadas a los procesos personas naturales, pese a que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla la imputación a personas jurídicas. Según García, “Odebrecht, como tal, solo será obligada a pagar en la medida en que sea vinculada por la Fiscalía”. Y eso no ha sucedido aún.

Hasta hoy solo han sido procesados los exejecutivos José Santos, Mauricio Grossi Neves, Ricardo Vieira y Claudemir Simoes dos Passos.

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Si bien el COIP permite procesar a Odebrecht, también establece un límite: solo se la puede responsabilizar de hechos ocurridos desde su vigencia (10 de febrero de 2014). “El momento en que sea vinculada la compañía podremos plantear, en los procesos en trámite o a futuro, una acusación y pretender una reparación contra Odebrecht”, agregó García.

El analista y excontralor Marcelo Merlo cree que el cálculo de un monto aún es incipiente, pues más allá de lo expuesto por la PGE se deben considerar los costos y sobrecostos de las obras y el perjuicio por retrasos o fallas. Pone como ejemplo al poliducto Pascuales-Cuenca.

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Explica que se deben realizar pericias que tomarán tiempo, pero que son indispensables si se quiere tener un valor real del perjuicio al Estado.

Odebrecht, por su parte, tiene dos puntos a su favor: primero, el Estado le debe $ 103 millones (retenidos por este), que a futuro podrían servirle para que se haga una liquidación, y segundo, tiene un Acuerdo de Cooperación Eficaz con la Fiscalía ecuatoriana, lo que –aunque el detalle se lo mantiene en reserva– le da un estatus especial a cambio de información sobre el pago de sobornos.

Para García, la vinculación de Odebrecht es cuestión de tiempo y de las nuevas evidencias. No obstante, aclara que el Acuerdo de Cooperación no le impide cobrar una indemnización. “No conozco el documento, pero sí sé que el COIP le da al Acuerdo un marco específico que tiene que ver con la sanción penal, no con la reparación integral”. (I)

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Países fueron citados por e EE.UU. como receptores de coimas.

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