Entre $ 236,8 y $ 626,1 será la disminución mensual que tengan los funcionarios del jerárquico superior que se encuentran en los grados 2 y 10 de la escala, en su salario, pero además a los altos funcionarios de las empresas públicas. Entre ellos se cuentan asesores, directores, viceministros, ministros, gerentes y el presidente y el vicepresidente de la República.

La reducción se concretará en los pagos de este mes.

Aunque no se ha confirmado cuál será el ahorro por esta reducción, si se conoce que el monto destinado para gasto de personal en la proforma 2017 llega a $ 9.192,5 millones. A razón de $ 650 millones al mes.

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El decreto 135 también establece la unificación a la escala del sector público a la de las empresas y banca pública. La reducción en empresas sería más profunda, debido a que en estas empresas pagan altos sueldos.

Así, mientras el presidente de la República actualmente gana $ 6.261 mensuales, el gerente de Petroamazonas percibe $ 9.375; asimismo, el gerente de Petroecuador llega a $ 6.900.

El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, opinó que el decreto de austeridad tiene temas interesantes y revela que habría una intención seria de recortar el gasto. Sin embargo, lamentó que hayan establecido un sinnúmero de excepciones.

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Duda que se cumpla el tema de vacantes si en una ley de finales del Gobierno anterior, se determinó contratar a funcionarios con nombramiento provisional.

Aclaró que la remuneración variable ya fue suspendida en el Gobierno pasado. Y recordó que los servidores públicos de los más bajos rangos, atraviesan su sexto año con congelamiento de salarios.

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Para Vicente Albornoz, analista económico, el Decreto 135 es una buena señal de austeridad, pero aún se queda corto debido al gran tamaño del sector público. Dice que el grueso del gasto está en los funcionarios de nómina. Aprueba controlar las horas extras, disminuir la cantidad de vehículos, no entregar celulares a todos los funcionarios, pero sería importante bajar los empleados.

El artículo 23 de la Ley de Servicio Público dice que los funcionarios tienen derecho a una remuneración justa y que sus derechos son inalienables.

Para el jurista Marco Proaño, esta medida genera un debate entre la legalidad y la legitimidad. Opina que el Gobierno ha convocado a la austeridad, aplicando la medida a quienes más recursos reciben. Así evita medidas que afecten al ciudadano, como mayores impuestos.

Funcionarios
El Ministerio de Trabajo informó que a mayo del 2017 existían unos 480.000 empleados públicos en las cinco funciones del Estado, pero esto no incluye a empresas públicas, los GAD, organismos financieros, empresas públicas y de Seguridad Social. Con todos, la cifra subiría a un millón de empleados. (I)

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