De confirmarse la vinculación del vicepresidente Jorge Glas, del excontralor Carlos Pólit y nueve personas más al proceso por asociación ilícita, el cual se desprende de supuestos actos irregulares cometidos por Odebrecht para conseguir contratos en Ecuador, la Fiscalía General del Estado tendrá solo 30 días más para investigar y recoger elementos que terminen siendo prueba para una posible acusación en firme.

La noche del viernes último, a horas de que la Asamblea Nacional, con 128 votos a favor, diera paso a que se inicie un proceso penal contra el vicepresidente, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, emitió una providencia en la que definió al martes próximo, a las 08:30, como fecha para la audiencia de formulación de cargos contra Glas, Pólit, cuatro exdirectivos de Odebrecht, dos exfuncionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), dos empresarios ecuatorianos y un exgerente de Transporte de Petroecuador.

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La fiscal Diana Salazar, el 3 de junio pasado, pidió que se inicie una instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita tipificado en los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior. Muchos de los actos irregulares que se investigan en este caso se habrían dado entre los años 2011 y 2013, años en los que estaba en vigencia ese Código Penal.

En su oficio enviado el 23 de agosto pasado a la Asamblea, Jurado aclara que dentro del presunto delito que se investiga la conducta de asociación ilícita se encuentra vigente, pues no ha sido despenalizada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 370.

En el Código Penal la asociación ilícita tiene sanciones de tres a seis años, mientras que en el COIP, vigente desde el 2014, la pena va de tres a cinco.

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El anuncio de vinculación para el excontralor, quien también es investigado por el delito de concusión dentro de la megacausa Odebrecht, es tomado por su abogado Hernán Ulloa como una prueba de que esto no solo es una “persecución política”, sino parte de una ‘conspiración’ contra su cliente.

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“Se trata de encubrir a otros que sí deberían estar juzgados en la actualidad”, dijo Ulloa, mientras aclaró que él no ha sido notificado de la convocatoria a la audiencia.

Si ocurre la vinculación la duración de la instrucción fiscal pasaría de 90 a 120 días. (I)

Caso
Procesados. Al momento había siete dentro de esta instrucción fiscal que debía cerrarse el 1 de septiembre próximo, si no existían vinculaciones. Ellos son Ricardo Rivera, tío del vicepresidente; exfuncionarios de Senagua y Petroecuador; varios contratistas, y accionistas de empresas. (I)

 

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