Tres proyectos de reformas legales para sancionar la corrupción reposan en la Asamblea Nacional, desde que se denunciaron actos irregulares en la contratación pública alrededor del caso Odebrecht.

La primera iniciativa la presentó la legisladora de CREO Mae Montaño, el pasado 1 de junio. El texto plantea la reforma de dos artículos, para que se elimine un inciso del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y otro para que la Fiscalía del Estado pueda actuar ante una infracción penal por la existencia de una denuncia ciudadana, de un informe de los órganos de control, o providencias judiciales.

Un día después, la Fiscalía sorprendió con el inicio de las investigaciones que involucraron a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, ahora detenido, y al excontralor del Estado, Carlos Pólit, que fue censurado por la Asamblea Nacional y enfrenta una denuncia penal por concusión.

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Estos eventos avivaron a cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) a presentar la propuesta de ‘Ley de las manos limpias contra la corrupción’, el 20 de junio, el mismo día en que acudieron hasta la Asamblea para explicar cómo eligieron a Pólit como contralor.

Su propósito es tipificar la corrupción como la “violación del deber normativo (...) para obtener un beneficio extraposicional...”, con una pena de tres a siete años de prisión.

'Ley bisturí'

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El 30 de junio, el movimiento político Compromiso Social, del ministro de Inclusión Social, Iván Espinel, presentó también un proyecto titulado ‘Ley de lucha contra la corrupción. Ley Bisturí’.

Plantean crear tres órganos: el Consejo de Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, una Subsecretaría General de Transparencia, y otra de Lucha contra la Corrupción. Estas integrarán un consejo junto al Ministerio del Interior, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.

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Los proyectos de leyes, entre otras cosas, crean, modifican, o complementan tipos penales como el uso indebido de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, obstrucción de la justicia.

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El jurista Stalin Raza advierte que son suficientes las normas vigentes y que lo que hace falta es aplicarlas, lo cual compete a los jueces y los organismos de control.

“Es esta euforia de lavarse la cara de lo que no hicieron en diez años. Y ponen cosas tan ridículas como que se premie a los denunciantes, porque eso significa generar un estado de sospecha en todo el mundo”, increpó Raza al referirse a la propuesta del CPC.

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Compromiso Social plantea 40 años de cárcel para delitos de corrupción. (I)

Propuestas de reformas

CPC
Se tipificaría la corrupción como la “violación del deber normativo (...) para obtener un beneficio extraposicional...”, con una pena de tres a siete años de prisión. Establecen prisión de cinco años, si el “beneficio económico indebido” es superior a 100 salarios; y siete años, si supera los 200 salarios. Además, una persona no podrá contratar y trabajar en el Estado de “por vida”, si “estafa” a sus entidades. En el Código de la Democracia piden que se retiren los derechos políticos y sea impedimento para ser candidato de elección popular si han sido sancionados por once delitos. Quieren crear un portal web para dictar cursos obligatorios sobre participación y lucha contra la corrupción.

Compromiso Social
Quieren crear un Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Plantean que haya jueces y fiscales especializados en anticorrupción. Plantean ocho delitos de corrupción, e implementar un Plan Nacional Anticorrupción.