El vicepresidente Jorge Glas anunció, en lo que denominó como sabatina realizada el 5 de agosto último en Portoviejo, Manabí, que la actual asambleísta de AP Marcela Aguiñaga también “sería perseguida por la Contraloría, ya que fue notificada de una glosa”.

Glas se refiere a un informe de Contraloría que estableció la “predeterminación de responsabilidad civil culposa: glosa” de más de $ 41’090.491,04 millones en la venta de 66 lotes entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente para la construcción del parque Samanes, en el norte de Guayaquil.

Aguiñaga, quien se desempeñaba como ministra de esa Cartera de Estado cuando se realizó la adquisición, defiende su gestión y rechaza el informe. “Como ministra no podía fijar precio alguno, por eso lo hizo la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, del Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) y el Ministerio del Ambiente pagó según lo establecido en la Ley de Contratación Pública. El procedimiento fue legítimo y reconocido por juristas como Emilio Romero Parducci...”, dice.

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Pero el informe cuestiona justamente que el avalúo lo haya realizado el Miduvi y recomienda que “previo al inicio de operaciones de compraventa de bienes inmuebles con entidades del sector público, se requiera el avalúo... a la Dirección de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, donde se encuentren ubicados los inmuebles, y solamente en los casos que no exista en la localidad... intervendrá el Miduvi”.

Aunque Aguiñaga sostiene que al ser un proceso de compra y venta entre dos instituciones públicas, no existiría perjuicio al Estado o cometimiento del delito de peculado: “Cierta prensa y actores de la oposición ya me declararon culpable por una predeterminación de la Contraloría que no es una sanción definitiva, pues presenté pruebas de descargo siguiendo el debido proceso”. (I)