Una sanción a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la desaparición de la deuda de Salud de los estados financieros fue solicitada por dos de los vocales del Consejo Directivo.

Felipe Pezo (empleadores) y Luis Clavijo (trabajadores) buscan –en la próxima sesión del Consejo– sancionar a la directora Geovanna León.

La deuda ascendía en agosto del 2016 a $ 2.527 millones, pero para septiembre quedó en $ 0. Ambos piden al presidente del Consejo del IESS, Richard Espinosa, que revoque un permiso para que la funcionaria viaje a Europa en estos días. Así indican las comunicaciones que le enviaron a Espinosa la semana pasada.

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Pezo informó, mediante memorándum del 28 de junio didirigido a Espinosa, que en vista de que su moción para la destitución a funcionarios que intervinieron en la desaparición de la deuda de los estados financieros fue negada; respaldaba el pedido de Clavijo para que en la próxima reunión del Consejo “se trate sobre las sanciones a los servidores que se encuentran mencionados en el informe de Contraloría”.

Sin embargo, dicha sesión aún no se ha realizado. El 30 de junio estaba convocada una, pero tanto Clavijo como Pezo pidieron suspenderla, debido a que en el orden del día se incluía un punto sobre autorización de gasto. Argumentaron que dicha autorización debe otorgarse a “un funcionario o/a que goce de la confianza del Consejo Directivo”.

En la misma comunicación, Pezo pide a Espinosa que revoque la autorización de viaje y Clavijo respalda dicho pedido.

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De acuerdo con Contraloría, León dispuso que se acoja la conclusión de una Comisión Interinstitucional que decía que no era posible determinar la deuda de Salud. Además, ordenó no continuar registrando los valores desde septiembre.

Pezo recalca que la funcionaria envió los estados financieros tanto a la Superintendencia de Bancos como a la Contraloría.

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Por su parte, León remitió el memorándum IESS DG 2017 1232 M en el que asegura ya ha dado cumplimiento a las disposiciones de Contraloría.

Dijo que sus actuaciones fueron “actos de simple administración que no causaron efectos jurídicos definitivos” y, además, que “no se ha producido ningún perjuicio en contra ni a cargo del IESS”.

En contraste, Pezo remitió también el pasado 30 de junio un pedido de aclaración al contralor encargado, Pablo Celi, en el que, por un lado, informa que hasta esa fecha no se había podido conocer ni aprobar por parte del Consejo Directivo los estados financieros debido a que no les habían sido remitidos. Explicó que, a su parecer, la cuenta por cobrar al Gobierno sobre salud debía ser registrada en una sola cuenta. Sin embargo, se estaría registrando en dos cuentas separadas.

Espinosa ha dicho que la desaparición de la deuda se hizo con asesoramiento de la propia Contraloría. Sin embargo, ese organismo de control dictaminó que dicha supresión de cifras era ilegal. (I)

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